En su octavo informe, el Comité de la ONU contra la tortura, presidido por el mexicano Claude Heller, destacó la falta de progreso en la investigación de denuncias sobre torturas en las cárceles de Ecuador.
El informe, basado en un examen realizado el 9 y 10 de julio, documenta abusos severos como golpes con palos y cables metálicos, el uso de gas pimienta, simulacros de ahogamientos y agresiones sexuales.
Además, se reportaron casos de hostigamiento y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos que denunciaron estas prácticas.
El comité subrayó la necesidad urgente de establecer un sistema de denuncia “independiente, eficaz, confidencial y accesible” en todos los centros de detención del país. También demandaron medidas para proteger a las víctimas, sus familias y testigos de posibles represalias.
Condiciones de prisión y violaciones en el estado de excepción
Otro aspecto crítico del informe es la sobreocupación en las cárceles ecuatorianas, que afecta a casi la mitad de los centros penitenciarios. Esta situación se atribuye a una política penal extremadamente punitiva.
Además, el informe revela que durante el estado de excepción declarado entre enero y abril del presente año, se produjeron abusos adicionales por parte de las Fuerzas Armadas, incluidos casos de tortura, detenciones ilegales y presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En el ámbito de la justicia juvenil, el comité también recibió quejas sobre medidas restrictivas y de aislamiento en centros de detención para menores.
A pesar de la gravedad de estos informes, el Estado proporcionó poca información sobre las medias alternativas a la privación de libertad para menores y la supervisión independiente de estos centros.
El informe menciona avances positivos, como la implementación de un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo y la reforma constitucional que establece la imprescriptibilidad de las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva de menores.
No obstante, el comité instó a reforzar las medidas de prevención y respuestas a los abusos sexuales infantiles en los centros educativos y a garantizar una investigación rigurosa y el castigo de los responsables.
La comunidad internacional y las autoridades ecuatorianas deberán colaborar para garantizar una mejora sustancial en el tratamiento y protección de los derechos humanos en el país.
Texto original de Ecuavisa