El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió excluir del concurso para Defensor Público a los tres mejores puntuados: Rodrigo Frías Toral, Byron Guillén y Jorge Ballesteros.
En el caso de Rodrigo Frías se aceptó su renuncia. El abogado tiene un automóvil de alta gama que antes perteneció a la red de Leandro Norero y Xavier Jordán y que fue utilizado por el exasambleísta Ronny Aleaga.
A Guillén se lo descalificó “por haber incurrido en causales determinadas en el Reglamento vigente, relacionadas con los certificados laborales”.
El nombre de Guillén había sido salpicado en los chats del caso Metástasis y en testimonios anticipados. Este lunes 3 de junio volvió a ser nombrado en la versión de Daniel Salcedo. El procesado contó que le pagó USD 70 000 para que falle a su favor en el caso que se le seguía por lavado de activos. Fiscalía le abrió una investigación previa por presunta concusión.
Guillén, dijo Salcedo, le devolvió el dinero mediante trasferencias a cuentas de sus amigos en Portoviejo, pero que aún le debe USD 10 000.
A Jorge Ballesteros se lo descalificó “por haber presentado supuestos documentos falsificados para la postulación del cargo”.
En un comunidad, la entidad de participación subrayó que tanto Guillén como Ballesteros presentaban una “transgresión” en el principio de probidad notoria.
¿Quién queda en el concurso?
Tras estas descalificaciones, la mejor puntuada es la jueza Inés Maritza Romero Estévez, quien ha recibido amenazas de muerte.
Le sigue Guillermo Ortega, pero él es juez electoral en el TCE, por lo que un informe jurídico del CPCCS recomienda que sea descalificado.
Texto original de Ecuavisa