En Ecuador, nueve de cada 10 empresarios creen a la extorsión como el principal problema de seguridad que enfrentan. Esa percepción no es errada porque solo en el 2023, tres de cada 10 empresas fueron extorsionadas por miembros de bandas criminales, según los datos del Observatorio de Crimen Organizado de Ecuador (OECO) que realizó un informe para caracterizar este fenómeno delictivo en Ecuador.
Entre los principales resultados que presenta el documento se indica que el 75% de las víctimas de este delito indicó que fue extorsionada en más de una ocasión, a través de llamadas telefónicas o medios electrónicos. Además, en el último año, el 70% de las víctimas de extorsión no denuncia por desconfianza en las instituciones. De estas empresas apenas el 47% ha recibido algún tipo de protección.
En la costa ecuatoriana, el OECO observó que el temor al secuestro es más alto en la costa que en cualquier otra región del país, con un 61% de la población expresando esta preocupación. Además, las agresiones físicas contra empleados en la costa son significativamente más altas que en otras áreas del país, superando el 30%. En la región Sierra se registró que los propietarios de empresa toman mayores medidas de protección que el resto del país. En el caso de la Amazonía, todos quienes fueron extorsionados sí acudieron a las autoridades.
Según los encuestados 7 de cada 10 extorsionadores dijeron ser de bandas criminales.
Para el Observatorio, estas cifras no son del todo precisas pues “el subregistro de casos, debido a la falta de denuncias por parte de las víctimas, y la impunidad resultante de la escasa investigación y condena de los responsables, contribuyen a convertir la extorsión en uno de los desafíos más apremiantes en materia de seguridad y justicia a mediano plazo”.
¿Por qué las bandas delictivas extorsionan?
El OECO ha explicado que “la extorsión sirve como una fuente de financiamiento crucial, especialmente en contextos de confrontación o guerra entre bandas criminales. Por otro lado, establece un control territorial a través del miedo, utilizando diversos métodos como la protección privada y el cobro de derecho de piso”.
Desde la perspectiva de la gobernanza criminal, explica el observatorio, la extorsión emerge como una actividad preeminente de las organizaciones delictivas que han logrado transitar de un mercado ilegal a otro. Además de gestionar servicios ilícitos como el tráfico y almacenamiento de drogas, la recepción de bienes robados o la explotación sexual, en América Latina se observa una especialización de algunas organizaciones criminales en la extorsión. En la costa, es común que no solo las empresas sino las urbanizaciones encuentren panfletos de bandas delictivas que les obligan a pagar “vacunas”, como se les llama popularmente a estas extorsiones.
Estas organizaciones ofrecen una aparente “protección” tanto a delincuentes como a civiles frente a diversos riesgos que provienen del propio crimen organizado. Cuando esta promesa de protección se materializa, surgen mercados privados de protección, por lo general administrados por expertos en violencia dentro de una estructura criminal, se lee en el informe.
Estos mercados ofrecen seguridad contra otras organizaciones delictivas, competidores en el mercado informal, acciones de la fuerza pública y disputas sobre la propiedad de bienes ilegales, entre otros conflictos. Los contextos en los que se establece una expectativa compartida entre quien paga y quien proporciona la protección efectiva tienden a evolucionar hacia escenarios de tributación informal con cierto grado de institucionalización. Sin embargo, el OECO indica que la extorsión también se produce mediante amenazas, como la colocación de bombas o el incendio de negocios, así como daños físicos a familiares que pueden llevar hasta la muerte. Aunque todo mercado de protección privada tiene un componente extorsivo, no toda extorsión se traduce en protección efectiva.
Texto original de Infobae