Una docente de matemáticas, con tres años de servicio en un plantel fiscal detrás de Socio Vivienda 2, al noroeste de Guayaquil, enfrenta serios desafíos tanto en su trayecto desde el centro de la ciudad hasta la institución como en el ejercicio de su labor educativa.
Desde octubre de 2023 recibe amenazas de uno de sus estudiantes de 15 años, pese a que puso la denuncia en Fiscalía y solicitó al distrito el cambio de unidad educativa, seis meses después, todo sigue igual.
Mientras el ministerio de Educación está recabando la información, en tanto, la Unión Nacional de Educadores indica que solo el año pasado, 80 maestros del Guayas fueron a presentar denuncias ante la Fiscalía, pero algunas fueron retiradas por miedo a nuevas amenazas.
De la misma forma, la Red de Educadores del Ecuador, integrada por otros 80 000 docentes, asegura que 140 maestros de Guayas, Manabí y Esmeraldas fueron víctimas de extorsión, vacunas, intimidación y amenazas en el periodo lectivo 2023-2024.
Los gremios cuestionan la poca agilidad para estos procesos. En ese sentido, Agustín Lindao, director Red Educadores Ecuador, expresó que “el ministerio tiene procesos muy complicados para hacer estos cambios, piden que haya un docente que quiera ir al mismo lugar y a la misma hora sino no procede el cambio”, detalla.
A la falta de garantías y de seguridad en zonas urbano marginales, se suma la pérdida total de autoridad dentro del aula cuando los propios estudiantes les obligan a ponerles notas por tareas o lecciones que no presentan y la situación cambia poco.
En la misma línea, Lindao expresa que “en 140 distritos del país 300 docentes han pedido el cambio por inseguridad, el 5% ya han sido atendidos los cambios de los educadores”.
113 876 docentes dan clases en el régimen Costa y Galápagos, 82 604 de ellos trabajan en planteles fiscales. Según el ministerio de Educación, hay 1 600 escuelas y colegios en zonas de riesgo.
Texto original de Ecuavisa