Hasta el miércoles 15 de mayo de 2024, los asambleístas del correísmo Pamela Aguirre y Lenín Barreto deberán responder a la Fiscalía sobre el paradadero de Ronny Aleaga, exlegislador de su bancada y prófugo por el Caso Metástasis.
Esto ocurrió luego de la incidentada sesión en la Comisión de Fiscalización, ayer, en la cual los legisladores de la Revolución Ciudadana quisieron enfrentar a la fiscal general Diana Salazar Méndez con Aleaga, quien es acusado de ser el supuesto operador en la Asamblea del narcotraficante Leandro Norero.
La Fiscalía no ha informado si los asambleístas ya respondieron formalmente. Tampoco ellos no lo han hecho, hasta el cierre de esta emisión. Ayer, Aguirre, en un comunicado adelantó que no conoce dónde está Aleaga y dijo que ponía a disposición de Fiscalía su correo institucional al que el asambleísta pidió participar en comisión general.
El Ministerio Público basó su pedido en el Código de la Funcion Judicial. Este eñala que, entre otras, que la Función Legislativa y sus funcionarios están obligados a colaborar con la Funcion Judicial. “Las personas que, estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos de la función judicial, no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en delito de desacato”.
El articulo 282 del Código Integral Penal (COIP) establece que “la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Legalmente, la Fiscalía está facultada para abrir investigaciones y en ese marco, realizar allanamientos e incautaciones de equipos tecnologicos para extraer información y determinar el cometimiento de delitos.
Texto original de Ecuavisa