El trabajo es a contrarreloj en las oficinas de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional (Dinpro), creada hace 5 años. Los agentes reciben al día 15 solicitudes en promedio de análisis de riesgo personal, de autoridades del estado amenazadas por grupos vinculados con cárteles mexicanos y mafias europeas.
La ola de pedidos de seguridad empezó en 2018 con 51, en el 2019 aumentó a 357. Cuatro años después, en 2023, llegó a 1 471; y en los primeros cuatro meses del 2024 suman 503.
“En base al nivel de riesgo, se determina si la persona va a tener un dispositivo de seguridad, o se va a coordinar con el territorio para ejecutar operaciones en territorio con Policía Nacional”, relató Paúl Zurita, subdirector de la Dinpro.
Hasta el 23 de abril, la Dinpro tenía activos 295 equipos que protegen al presidente Daniel Noboa, la fiscal general Diana Salazar, ministros, fiscales, y jueces, al igual que exfuncionarios y familiares de los amenazados. 1 000 policías están destinados a estos grupos de seguridad.
Sin embargo, la alta demanda obligó a la Policía a reestructurarse sin recursos económicos ni personal complementario. Pasó de una oficina con 100 uniformados, que en 1997 no tenían un entrenamiento especializado, a una Dirección Nacional de Seguridad y Protección con 1 300 agentes.
Pese a ello, no se dan abasto. Desde el 2023 se presentaron 1 957 pedidos de análisis de riesgo. Al 17 % se le asignó un grupo de seguridad, al 30 % un patrullaje preventivo porque su nivel de riesgo era bajo, el 6 % fue archivado porque la autoridad terminó sus funciones, un 37 % corresponde a solicitudes duplicadas, y el 10 % restante está en proceso.
Antonio Tricerri, director nacional de Seguridad y Protección, expresó que necesitan alrededor de 300 agentes adicionales para poder agilizar los trámites, hacer los análisis de riesgo personal, y brindar más resguardo a un dignatario.
El trabajo es a contrarreloj en las oficinas de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional (Dinpro), creada hace 5 años. Los agentes reciben al día 15 solicitudes en promedio de análisis de riesgo personal, de autoridades del estado amenazadas por grupos vinculados con cárteles mexicanos y mafias europeas.
La ola de pedidos de seguridad empezó en 2018 con 51, en el 2019 aumentó a 357. Cuatro años después, en 2023, llegó a 1 471; y en los primeros cuatro meses del 2024 suman 503.
“En base al nivel de riesgo, se determina si la persona va a tener un dispositivo de seguridad, o se va a coordinar con el territorio para ejecutar operaciones en territorio con Policía Nacional”, relató Paúl Zurita, subdirector de la Dinpro.
Hasta el 23 de abril, la Dinpro tenía activos 295 equipos que protegen al presidente Daniel Noboa, la fiscal general Diana Salazar, ministros, fiscales, y jueces, al igual que exfuncionarios y familiares de los amenazados. 1 000 policías están destinados a estos grupos de seguridad.
Sin embargo, la alta demanda obligó a la Policía a reestructurarse sin recursos económicos ni personal complementario. Pasó de una oficina con 100 uniformados, que en 1997 no tenían un entrenamiento especializado, a una Dirección Nacional de Seguridad y Protección con 1 300 agentes.
Pese a ello, no se dan abasto. Desde el 2023 se presentaron 1 957 pedidos de análisis de riesgo. Al 17 % se le asignó un grupo de seguridad, al 30 % un patrullaje preventivo porque su nivel de riesgo era bajo, el 6 % fue archivado porque la autoridad terminó sus funciones, un 37 % corresponde a solicitudes duplicadas, y el 10 % restante está en proceso.
Antonio Tricerri, director nacional de Seguridad y Protección, expresó que necesitan alrededor de 300 agentes adicionales para poder agilizar los trámites, hacer los análisis de riesgo personal, y brindar más resguardo a un dignatario.
Los guardaespaldas pasan por un arduo entrenamiento
Esta unidad especial también tiene a 168 policías destinados a la protección de 59 instalaciones diplomáticas y del Estado, lo cual tiene la consecuencia de mermar la capacidad de respuesta a los pedidos de protección, que se están multiplicando.
Los guardaespaldas pasan por un duro entrenamiento
Los policías de la Dinpro entrenan bajo el objetivo de no dejar espacio para el error, en caso de ocurrir un ataque terrorista. Tienen un segundo para reaccionar a la amenaza.
Mientras un grupo de agentes sacan de un cruce de balas al protegido, los tácticos, que visten de camuflaje, repelen el ataque con fusiles. Todos entrenan un promedio de 12 horas diarias.
La jornada arranca a las 05:00 en unas instalaciones de Ambato, Tungurahua. Practican hasta reducir a dos segundos la huida con la persona en riesgo. El grupo está conformado por 10 policías; van en dos carros, en el que uno de ellos va la autoridad protegida, y simulan ataques con armas de fuego o explosivos.
De noche se intensifican los ejercicios de reacción. Deben inmovilizar al atacante contra el piso, esposar a aquellos que invaden el perímetro de seguridad aprovechándose de la oscuridad, y simular ataques con gas lacrimógeno para medir la resistencia del guardaespaldas.
Usan las armas de píe, en el piso, o de rodillas. Se deben defender en cualquier posición porque el atacante puede disparar desde cualquier lugar. En menos de un segundo sacan el revólver, controlan la respiración y disparan.
“El personal policial es entregado a tal punto que pueden dar su vida. La capacitación que lleva el personal la hemos realizado en Chile, España, Francia, y equipos tácticos en Estados Unidos”, contó Omar Montoya, jefe del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Sin embargo, no todo es práctica en campo. En las aulas aprenden las leyes que los regulan, y los protocolos de cuándo pueden disparar.
Seis agentes colombianos encabezan la capacitación, con ellos aprenden a identificar la táctica que usará el delincuente. Por ejemplo, los sicarios se desplazan en motos y rondan algunas veces a la víctima antes de atacar.
Los que usan explosivos, muestran nerviosismo hacia su objetivo, y los sigue alguien en un vehículo para escapar. Los secuestradores usan carros blindados y con vidrios oscuros. Desde febrero, 400 agentes ecuatorianos han sido capacitados en protección y seguridad a autoridades clave.
No todos son admitidos en esta unidad de élite, en el caso del GIR, solo 3 de cada 10 policías pasan las pruebas. Entrenarán un promedio de 100 policías al mes hasta diciembre de este año en instalaciones prestadas, pues aún no existe una Escuela de Formación Especializada para la Policía.
La custodia debe pagar gastos logísticos
Los solicitantes de seguridad policial hacen su pedido en el Ministerio del Interior, que lo envía a la Comandancia de la Policía que, a su vez, lo manda a la Dirección de Seguridad y Protección. Sus agentes hacen el análisis de riesgo personal.
Ellos recopilan la información para identificar amenazas y vulnerabilidades del candidato a ser protegido. Tras 15 días, determinan el nivel de riesgo y cuántos policías van a conformar su equipo de seguridad.
Los agentes con alto nivel de entrenamiento son asignados con su fusil, arma corta, municiones, casco, y chaleco. Pero ponen al beneficiario dos condiciones:
Que la institución a la que pertenece cubra viáticos, alimentación, hospedaje, y movilización; y
Que proporcione los recursos humanos y logísticos como vehículos, conductores y comunicaciones.
Estos requisitos causan un nudo crítico con las instituciones por falta de presupuesto. Por ejemplo, de los 295 funcionarios que tienen seguridad policial, 104 son fiscales y están repartidos en el país.
La institución ha indicado que no entregará ni el presupuesto ni la logística para que sus agentes reciban custodia. Antonio Tricerri, director de Dinpro, relata que esta situación dificulta a sus agentes para poder completar el análisis de riesgo personal.
En casos como este, las personas amenazadas reciben un equipo de protección temporal. La ley contempla que se otorgue durante 15 días. En el caso de los 104 fiscales, ya han pasado dos meses.
“Les estamos brindando la seguridad con la finalidad de que no vaya a sufrir algún atentado. Nosotros después podemos entrar en procesos legales por el incumplimiento de esta disposición”, comentó Tricerri.
El monto de cuánto el monto de egresos al Estado tener un sistema de custodio no ha sido consolidado porque depende de algunas instituciones. Pese a ello, sirve como ejemplo el costo de USD 180 000 que tiene la Policía cuando tiene un equipo de protección de 10 agentes para un dignatario con alto riesgo.
Por otro lado, 42 alcaldes, 7 prefectos y 3 gobernadores fueron amenazados y tienen equipos de seguridad. Todos pasaron por el análisis de riesgo personal que los clasifica en 4 niveles:
Muy alto, custodiado por hasta 10 policías
Alto, por cuatro agentes
Medio, por 3 servidores
Bajo, por dos uniformados
La mayor cantidad de amenazas ocurren en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, donde operan organizaciones narcocriminales.
Texto original de Ecuavisa