El régimen de Daniel Ortega ordenó este jueves el cierre de 13 ONGs en Nicaragua a raíz del supuesto incumplimiento de las leyes que establecen que deben reportar sus estados financieros, “obstaculizando el control y vigilancia” del organismo a cargo. Su disolución fue ratificada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, y tras este anuncio, la Procuraduría General de la República avanzará hacia el traspaso de sus bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado.
Entre las entidades alcanzadas se encuentran la Asociación de Líneas Aéreas, la Asociación Nicaragüense de Taekwon-Do, la Asociación de Pesca Deportiva de Nicaragua, la Asociación Nicaragüense de Agrupaciones Musicales y Solistas, la Asociación Masaya sin Fronteras, la Asociación de Ganaderos Turna-Dalia y la Cámara de Servicios Pro Consumo Responsable, Derecho de Competencia, Propiedad Intelectual, Administrativo y Derecho Ambiental, entre otras de corte cristiano evangélicas.
Asimismo, otras dos organizaciones solicitaron su disolución voluntaria por haber concluido “su cartera de proyectos a ejecutar” en el país. Se trata de la Fundación Cristiana Cuenta Conmigo y Heifer Proyecto Internacional, que promovía el desarrollo comunitario con el fin de erradicar la pobreza y el hambre. En sus casos, por cesar sus actividades de forma voluntaria, sus bienes no serán traspasados al Estado.
Con el anuncio de este jueves, ya suman más de 3.600 las organizaciones sin fines de lucro que fueron disueltas en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua desde las protestas populares de abril de 2018.
Entonces, cuando el pueblo manifestó su descontento con el binomio Ortega-Murillo, el régimen consideró que esta oleada estaba impulsada por terceros agentes -como Washington- que aportaban recursos por medio del financiamiento de estas organizaciones, con el fin de intentar derrocarlo. En consecuencia, inició una redada contra ellas, una de las tantas acciones que emprende a menudo con el fin de silenciar a las voces disidentes.
No obstante, en la teoría, el Ejecutivo asegura que se trata de un proceso de ordenamiento dado que una gran parte de estas entidades no se encuentran debidamente registradas.
Tal es el nivel de persecución en el país que en su último informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó contra Managua por los graves abusos que comete contra los opositores entre las que enumeró, además del cierre de estas organizaciones, el retiro de la ciudadanía a cerca de 300 personas, la presión y castigo a activistas exiliados y el encarcelamiento de más de 100 presos políticos, a quienes mantiene recluidos “en condiciones atroces”.
Fiel a su estilo, el matrimonio gobernante rechazó estas observaciones y acusó a Washington de lanzar otro “atropello” sobre su soberanía.
“Este nuevo atropello y agresión es un infame documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se atribuye un rol por nadie concedido de guardián de los derechos humanos en el mundo. Desconocemos absolutamente esta atribución que el imperio norteamericano se auto concede”, dijo Murillo mientras Ortega sostuvo que “responderemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias adjudicándoselas a ellos mismos”.
(Con información de AFP y EFE)
Texto original de Infobae