El exasambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, quien cumple prisión preventiva por presunta delincuencia organizada, se benefició de contratos de limpieza en unidades judiciales de Guayas, según señaló Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y procesada en el caso Metástasis
El jueves 28 de marzo, en su testimonio anticipado, Salazar indicó que Muentes, quien es procesado en el caso Purga, obtuvo esos contratos a través de asociaciones.
“(…) Los contratos estaban divididos en dos. Un contrato de servicio de limpieza para las dependencias en la ciudad de Guayaquil y un contrato de servicio de limpieza para las dependencias del resto de la provincia del Guayas”, relató la relacionista pública.
“Los valores superan los USD 1 400 000 por año”, agregó.
Además de denunciar que Muentes haya sido el beneficiario de esos contratos, Salazar indicó que el servicio de mantenimiento no era ofrecido. “Muchas veces éramos las personas que internamente trabajábamos en el sistema las que teníamos que comprar insumos de limpieza”, subrayó.
La procesada precisó que el único año que Muentes no obtuvo los contratos fue cuando María Josefa Coronel fungió como directora provincial del Consejo de la Judicatura. La abogada y comunicadora ocupó ese cargo entre septiembre de 2021 y enero de 2023. “Ahí nacen sus diferencias”, apuntó Salazar.
La procesada detalló que dirigía un troll center a favor de Muentes para atacar a Coronel y otras personas con las que el exasambleísta tenía problemas. Mencionó además al abogado Ricardo Noboa y al periodista Guillermo Lizarzaburu. El primero defendía a Banco del Pacífico en una causa en la que Muentes pretendía cobrar una indemnización de casi cuatro millones de dólares y el segundo denunció al exlegislador por un presunto caso de tráfico de tierras.
Municipio de Guayaquil
Salazar también indicó que esas asociaciones que brindaban el servicio de limpieza también fueron utilizadas para obtener contratos con el Municipio de Guayaquil durante la administración de Cynthia Viteri.
“Hago referencia a un caso que fue público. Cuando cambian de administración del abogado Jaime Nebot Saadi a la nueva administración, estos contratos duplican su valor prestando el mismo servicio”, señaló.
“(…) Contratos que en algún momento se inició una investigación en la provincia del Guayas, pero misteriosamente fueron trasladados por la fiscal provincial del Guayas a Babahoyo”, acotó.
Salazar no precisó nombres de las asociaciones específicamente vinculadas con Muentes, pero en 2020 la Alcaldía de Guayaquil contrató con tres nuevos proveedores:
- Asoservaf, por USD 944 206 y por otros USD 750 000
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Asocostaclean, por USD 865 000
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Asooctubrina, por USD 554 000
Estos convenios forman parte de una lista de 12 contratos de trapeo y limpieza que la Alcaldía de Guayaquil suscribió y que fueron sujetos de pericias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2021, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades. Sobre esas indagaciones, se desconocen los avances y no constan en procesos judiciales formales.
Texto original de Ecuavisa