La Comisión de Política Interior del Parlamento de Venezuela -controlado por el chavismo- prepara un proyecto de ley contra “traidores a la patria” propuesto recientemente por el presidente del Legislativo, el oficialista Jorge Rodríguez.
El diputado Diosdado Cabello, presidente de esa comisión, dijo este miércoles que un equipo “ya está trabajando” en la elaboración de ese proyecto, basado -explicó- en el artículo 130 de la Constitución, que establece “el deber de honrar y defender a la patria” y de “proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.
En su programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal VTV, el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que, previamente, se reunió con otros integrantes de la Comisión de Política Interior para revisar “la jurisprudencia sobre la traición a la patria” en otros países.
Cabello, considerado número dos del chavismo, no ofreció mayores detalles sobre el avance de la elaboración de ese proyecto ni cuándo prevén presentarlo.
En marzo, Rodríguez propuso crear una ley para que “los delitos contra la soberanía” sean “severamente castigados”, según una nota del Parlamento, en la que se señala que el presidente del Legislativo mencionó la “posición apátrida adoptada por miembros de la extrema derecha” contra el referendo celebrado en diciembre sobre la controversia con Guyana por el territorio del Esequibo.
Asimismo, dijo que los “traidores” -sin especificar nombres- han “convocado a invasiones, a violencia” y “al asesinato del presidente de la república”, Nicolás Maduro.
La peligrosa “ley contra el fascismo”
Antes de confirmarse el tratamiento del proyecto de ley contra los “traidores a la patria”, el régimen de Venezuela presentó el martes ante la Asamblea Nacional el “Proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” elaborado por orden del dictador Nicolás Maduro.
El documento, presentado por la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”.
Sin embargo, lo que se observa es cómo el chavismo en realidad lo que pretende es proscribir a la oposición y censurar las redes sociales.
La funcionaria recordó las protestas antigubernamentales que hubo en 2014 y 2017 con víctimas mortales y heridos, de las que responsabilizó a “sectores extremistas” que “pidieron posteriormente” un “bloqueo criminal” con el objetivo de que haya un “genocidio económico y social” en Venezuela.
Indicó que estos “sectores extremistas” -en referencia a miembros y partidos de la oposición mayoritaria- han “desconocido, abiertamente, la institucionalidad”, y hoy pretenden “asaltar el poder político” de Venezuela, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio.
Entre las “medidas de protección contra el fascismo”, Rodríguez señaló la prohibición de “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política”.
El proyecto de ley también establece la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas en la lucha contra esta doctrina.
Además, incluye “sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley”, que no detalló.
Este proyecto de ley fue elaborado por una comisión cuya creación anunció Rodríguez el pasado 24 de marzo.
Las autoridades han asegurado haber desactivado una serie de conspiraciones que tenían como objetivo atentar contra “la alta dirigencia” del chavismo y generar un “ambiente de violencia política” de cara a las presidenciales. La oposición se desligó de estos señalamientos y lo que planteó es que Maduro busca perpetuarse en el poder. De hecho, el régimen inhabilitó a María Corina Machado y tampoco deja competir a su sustituta, Corina Yoris.
Texto original de Infobae