El primer ministro belga, Alexander de Croo, dijo este viernes que la Fiscalía federal de su país ha abierto una investigación sobre las injerencias de Rusia en políticos europeos, incluyendo con pagos al diputados del Parlamento Europeo para diseminar su propaganda, y pidió más herramientas para luchar contra las interferencias extranjeras en democracia.
«Nuestro fiscal federal ha iniciado una investigación en base a una información clasificada que han preparado nuestros servicios de inteligencia», dijo De Croo en una rueda de prensa con motivo del ecuador de la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea.
La fiscalía federal comunicará en los próximos días el inicio de esta investigación, que concierne a la red de propaganda afín al Kremlin que ha sido descubierta tratando de influir en el Parlamento Europeo y en las próximas elecciones europeas del 6 al 9 de junio, cuyas actividades pueden ser consideradas delitos en Bélgica.
«La investigación muestra cómo Moscú se acercó y también pagó a eurodiputados para promover la propaganda rusa aquí. La inteligencia belga ha confirmado la existencia de una red de interferencia prorrusa con actividad en varios países europeos y aquí en Bélgica», indicó el primer ministro belga.
De Croo explicó que sus servicios de inteligencia «tienen claro» que el objetivo de Moscú era ayudar a que más candidatos prorrusos salgan elegidos en las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio para reforzar la narrativa prorrusa en la institución.
«Un apoyo debilitado por parte de la Unión Europea a Ucrania ayuda a Rusia en el campo de batalla», advirtió De Croo, que apuntó a que, aunque los pagos rusos a políticos no tuvieron lugar en suelo belga, la injerencia sí, por lo que Bélgica tiene la «responsabilidad» de proteger el derecho de cada ciudadano a un voto libre y seguro.
Por el momento, el número de políticos a los que se está investigando, sus nacionalidades, nombre o partido son información clasificada, aunque medios checos -donde se inició la primera investigación y supuestamente se produjeron los pagos- apuntan a personas de Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Hungría.
De Croo, que ha estado en contacto con el primer ministro checo y las presidentas de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, instó a que la Unión Europea reaccione también y examine si las competencias de la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) son suficientes para abordar estos casos.
En el caso contrario, la UE debería explorar «ampliar» sus mandatos, pidió De Croo, quien dijo que también elevará este asunto ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la cumbre que celebrarán en Bruselas el próximo miércoles y jueves. EFE