El anuncio de Ariel Henry de que dimitirá como primer ministro en cuanto haya un consejo presidencial de transición abrió este martes una nueva puerta en el difícil camino de Haití para intentar superar la aguda crisis que atraviesa y los altos niveles de violencia, incrementados aún más en los últimos días.
Las peticiones de que Henry debía abandonar el poder se sucedían desde hacía mucho tiempo, tanto entre movimientos y formaciones políticas internas como entre las bandas armadas, que aseguraban que este era precisamente su objetivo último.
Incluso en diciembre de 2022 ya Henry se comprometió, mediante un acuerdo con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado, a abandonar el poder el pasado 7 de febrero, algo que no se produjo.
Todo se precipitó con las presiones del exterior a favor de una transición para la que, según se anunció en las últimas horas, se creará un consejo conformado por siete miembros y dos observadores, como se decidió en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Jamaica con representantes de socios internacionales como Francia o Estados Unidos (con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a la cabeza) y de la ONU.
Los miembros de este consejo serán designados por los entes Colectivo 30 de Enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de Diciembre, EDE/RED, las fuerzas políticas Fanmi Lavalas y Pitit Desalin y el Sector Privado, mientras que los observadores representarán el Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberana (REN) y la Diáspora de haitianos en el extranjero.
Un consejo que Estados Unidos considera que puede formarse en las próximas 24 o 48 horas y que luego debe ponerse de acuerdo en el nombramiento del nuevo primer ministro interino, lo que Washington espera que se produzca «sin más demora».
Ariel Henry no acudió el lunes a la reunión de Jamaica y permaneció en Puerto Rico, adonde llegó hace una semana tras días en paradero desconocido, pero de madrugada en un mensaje a la nación anunció su dimisión porque, dijo, «ningún sacrificio es demasiado grande para nuestro país», que «necesita paz, estabilidad, un desarrollo duradero».
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, preguntado por la prensa sobre si se ha concedido asilo político a Henry, se limitó a decir que esas decisiones corresponden al Gobierno de Estados Unidos y no al de la isla, un territorio con estatus de estado libre asociado.
Rechazo a la formación del consejo presidencial
La noticia de la formación del consejo presidencial de transición no gustó a todos y, así, decenas de personas se manifestaron el martes en Puerto Príncipe frente a la Embajada de Canadá, uno de los actores claves en la política haitiana junto con Estados Unidos y Francia.
Los participantes denunciaron con pancartas este consejo y levantaron barricadas en llamas en las calzadas.
Ya el lunes, antes de que se conociera el acuerdo de Kingston, el poderoso Jimmy Chérizier, alias Barbecue, en nombre de la coalición de bandas armadas que lidera ‘Vivre Ensemble’ (Vivir Juntos), rechazó las negociaciones de la comunidad internacional porque es el pueblo haitiano «el que debe tomar el destino en sus manos».
Chérizier también rechazó la intervención de fuerzas extranjeras en Haití, algo que parece más lejano después de que Kenia anunciara este martes que aplazará, hasta el «establecimiento de una nueva autoridad constitucional», el despliegue de sus policías en territorio haitiano, que deben encabezar la misión multinacional de apoyo a la seguridad aprobada por la ONU en octubre pasado.
En el lado contrario, instituciones como Naciones Unidas, a través de su secretario general António Guterres, agradeció los esfuerzos para resolver la crisis en Haití y pidió actuar con responsabilidad en la implementación del consejo de transición.
También la Unión Europea acogió con satisfacción «los importantes avances» logrados en Jamaica y pidió a Haití que avance hacia «una transición política viable».
Mientras tanto, la población haitiana sigue sufriendo la violencia de las bandas armadas, que han arreciado sus acciones desde el 28 de febrero, cuando se conoció que Henry había retrasado para antes de finales de agosto de 2025 la celebración de posibles elecciones en el país.
Se han sucedido los ataques a instituciones, empresas o cárceles (de dos de ellas huyeron más de 3.000 reclusos), que también tuvieron como blanco, aunque sin éxito, el Palacio Nacional o el Ministerio del Interior, pese al estado de emergencia y el toque de queda en vigor en el departamento del Oeste, donde está Puerto Príncipe.
A todo ello hay que sumar la crítica situación del país más pobre de América, que llevó el martes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas a alertar de que necesita «desesperadamente» financiación para poder seguir dando comidas calientes en Haití, un país que está «al borde de una devastadora crisis de hambre». EFE