La Corte Penal Internacional (CPI) emitió hoy órdenes de arresto internacional contra dos militares rusos por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la invasión de Rusia sobre Ucrania.
En concreto, la sala II de la cámara de primera instancia de la CPI reclama al teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas Sergei Ivanovich Kobylash y al almirante de la Armada Rusa Viktor Nikolayevich Sokolov.
La corte atribuye a ambos la presunta responsabilidad de crímenes de guerra por dirigir ataques contra civiles y por causar “daño incidental excesivo” a civiles u objetos civiles, además de ser supuestamente responsables de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos”.
“Hay motivos razonables para creer que son individualmente responsables penalmente por los mencionados crímenes por haber cometido los actos conjuntamente y/o a través de otros, ordenar la comisión de los crímenes, y/o por su falta de ejercicio de un control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando”, indicó la CPI en un comunicado.
Ese tribunal, que emite sendas órdenes a petición de la Fiscalía de la CPI, entiende que “existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023″.
“Durante este período, hubo una supuesta campaña de ataques contra numerosas centrales eléctricas y subestaciones, que fueron llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas en múltiples ubicaciones en Ucrania”, agrega la corte.
La sala que analiza el caso considera que “existen motivos razonables para creer que los presuntos ataques fueron dirigidos contra objetos civiles y, en cuanto a aquellas instalaciones que podrían haber sido consideradas objetivos militares en el momento relevante, el daño civil incidental esperado habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.
Esa presunta campaña de ataques puede entenderse como una “conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con una política estatal”.
“Como tal, existen motivos razonables para creer que los sospechosos también son responsables del crimen de lesa humanidad de ‘otros actos inhumanos (…) que causen intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física’”, según el Estatuto de Roma en el que se fundamenta la CPI.
Normalmente, el contenido de las órdenes de detención es “secreto”, pero la CPI entiende que difundirlas en esta ocasión puede “contribuir a la prevención de la comisión adicional de crímenes”.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, celebró las órdenes de arresto: “Celebro la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para los comandantes de la Aviación de Largo Alcance (Kobilash) y de la Flota del Mar Negro (Sokolov), que están acusados de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad cometidos durante la campaña de bombardeos contra los civiles ucranianos y contra la infraestructura crítica en 2022 y 2023″.
El presidente ucraniano agregó en su mensaje publicado en sus redes sociales que “todos los comandantes rusos que ordenen ataques” de esa naturaleza “deben saber que se hará justicia”.
“La justicia internacional requiere tiempo, pero es inevitable”, añadió Zelensky, que se comprometió a “seguir haciendo todos los esfuerzos para que ninguna bestia rusa responsables de los asesinatos de niños, mujeres y hombres ucranianos se quede sin castigo”.
Por su parte, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, consideró un “hito” en la lucha contra la impunidad que la CPI haya emitido las órdenes.
“Este es el primer caso en el que se cree que los sospechosos han cometido crímenes contra la humanidad”, subrayó el fiscal general en declaraciones a la prensa, tras participar en un almuerzo de trabajo en el marco de un Consejo de Ministros europeos de Justicia.
Kostin estuvo acompañado en su comparecencia por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders y el ministro de Justicia belga, Paul Van Tigchelt, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.
El comisario europeo Didier Reynders valoró las nuevas órdenes de detención dictadas hoy y explicó que, además de apoyar a la Fiscalía de Ucrania, la Comisión asiste a los Estados miembros que han iniciado investigaciones para recabar pruebas de los crímenes cometidos en Ucrania.
A nivel de la UE, indicó Reynders, se intenta “construir a partir de las herramientas existentes”, y recordó que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) cuenta con una base de datos y que “ahora también es posible recoger, guardar y analizar las diferentes pruebas” de los crímenes cometidos.
Reynders añadió que también es posible trabajar con un equipo de investigación conjunto con la participación de la Corte Penal Internacional y que existe una buena colaboración de Estados Unidos.
Texto original de Infobae