La activista venezolana Rocío San Miguel, detenida el pasado 9 de febrero, recibió la visita de su hija Miranda Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -donde se encuentra encarcelada-, después de que las autoridades autorizaran el encuentro familiar, el primero desde que fue llevada a los calabozos.
Según el testimonio de la hija, hecho público por el abogado Joel García a través de la red social X, San Miguel se encuentra “fortalecida y muy confiada de su inocencia”.
Esta es la primera vez que alguien del entorno de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, constata su estado, luego de más de una semana de su detención, lapso en el que la defensa denunció su “desaparición forzada” y la celebración de su audiencia de presentación sin la presencia de sus abogados.
San Miguel denunció, según dijo García, que “no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza”.
Además, insistió en que “no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan” tanto a ella como a sus cinco allegados detenidos luego de su aprehensión, cuatro de ellos liberados el pasado 13 de febrero con medidas que incluyen la “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”.
San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que niega que en la detención se haya configurado una “desaparición forzada”.
Es acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato del dictador Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Además de la activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una expareja, quien sigue detenido, y dos de sus hermanos, su hija y el padre de esta, que ya fueron excarcelados.
Los tribunales de Venezuela decretaron la privación de libertad contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde hace 10 días por estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas, confirmó este martes uno de sus abogados.
“El equipo de defensa de Rocío San Miguel y demás familiares confirma que fue decretada la privación judicial de la libertad de la directora de Control Ciudadano”, informó en X el jurista José González Taguaruco.
Indicó que el lugar de reclusión de San Miguel es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas, la prisión más cruel del régimen. Varios de los presos políticos que lograron salir relataron cómo funciona el aparato de torturas dispuesto en el penal por las fuerzas del Estado.
La defensa confirmó también la privativa de libertad contra Alejandro José González Canales, ex pareja de la activista, cuyo centro de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Texto original de Infobae