El pacto entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática Nacional (ADN), vigente desde noviembre de 2023, tuvo su primer revés este 15 de febrero de 2024 cuando se debía conocer y aprobar un uniforme con polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se vio obligado a suspender la sesión luego de que, en un debate de casi tres horas, el correísmo y el PSC no lograron consensos en torno a incorporar dos artículos para reformar el COIP. ADN se mantuvo en silencio.
La Comisión de Justicia, controlada por el correísmo pretendía que se apruebe un informe incorporando el artículo 79, en el que se añaden dos causales que permiten la revisión de una sentencia, en primer lugar; por vicios de procedimiento insubsanables o graves violaciones al debido proceso; y, en segundo lugar, acogiendo los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En el artículo 71 de la reforma al COIP se incluyó la obligación que tendría la Fiscalía General del Estado (FGE) de informar a la Asamblea sobre cualquier caso que se encuentre en investigación, aunque esté en indagación previa.
En el inicio de la sesión, Fernando Cedeño (Revolución Ciudadana), presidente de la Comisión de Justicia, destacó que el informe se aprobó de manera unánime (RC, PSC, ADN, Gente Buena, Independiente), el 9 de febrero de 2024.
Sin embargo, en la sesión del Pleno del Legislativo, Vicente Taiano (PSC), modificó su criterio, reconoció el error, y afirmó que no se puede levantar la reserva de la investigación previa. “Quien lo hace comete un delito penal; no se puede entorpecer la investigación de la Fiscalía”, admitió.
El PSC también se pronunció en contra de la revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas. “Respaldar este punto sería atropellar la esencia de la figura legal, no vamos a votar por la revisión de sentencia (condenatoria ejecutoriada) que se incluye en la reforma al COIP”, agregó Taiano.
Los socialcristianos coincidieron con los criterios de los movimientos Construye y Gente Buena, que pidieron el archivo de estos artículos, y que el texto de la reforma regrese a la Comisión de Justicia y se proceda a una modificación de la propuesta para que, en ocho días, sea conocida en el Pleno.
“No sé a qué le tienen miedo”, respondió Fernando Cedeño en una intervención posterior, pero accedió a una solicitud de Taiano para que se voten los articulados en dos bloques: el primero sobre el incremento de penas, eliminación de beneficios penitenciarios, nuevos tipos penales, y el segundo sobre la reserva de información y revisión de sentencias.
En su propuesta, Cedeño incluyó en la disposición general que, en los casos de los informes de organismos internacionales, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) revisará de oficio y sin demora, en un plazo de 40 días, las sentencias afectadas por dichas decisiones.
Esta iniciativa provocó un nuevo desacuerdo entre las bancadas y Henry Kronfle clausuró la sesión sin anunciar la fecha de la reinstalación.
Vicente Taiano planteó otras alternativas para destrabar los disensos, pero dejó entrever que los artículos que implican revisión de sentencia o entrega de información reservada por parte de la Fiscalía no son negociables.
“El informe tiene temas muy complicados e imposibles de aprobar porque atropellaban la Constitución y abrían la puerta a muchas situaciones, por lo tanto, no se podía votar”, señaló Taiano, quien está a la espera de una decisión del bloque oficialista.
‘Reforma a la carta’
Fernando Jaramillo (Gente Buena), quien también integra la Comisión de Justicia que aprobó el informe para el segundo debate, se declaró en desacuerdo con el artículo 71 que levanta la reserva de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.
“Esto no puede pasar; no podemos ser campaneros de los delincuentes; la información debe ser reservada cuya potestad tiene la Fiscalía», dijo. Calificó a la iniciativa correísta como una “reforma a la carta; estas reformas son ilegales”, insistió y pidió que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia.
Texto original de La Hora