Han transcurrido 70 días desde que Fiscalía reveló la existencia de una red de corrupción en Ecuador vinculada al narcotraficante Leandro Norero, conocida como caso Metástasis.
Entre el 13 y el 14 de diciembre de 2023 se detuvo y procesó a 31 personas por presunta delincuencia organizada. Y el 3 de enero de 2024 fueron vinculadas ocho personas más.
La mayoría de imputados en esta causa son funcionarios públicos. De hecho, 22 de esos servidores, entre jueces, policías y personal carcelario, cobraron su sueldo hasta enero de este año.
Este jueves 22 de febrero de 2024, Teleamazonas.com accedió a los registros de Transparencia de tres instituciones públicas y constató que 20 de los encausados por el caso Metástasis continuaban en sus cargos.
Los salarios que reciben oscilan entre los USD 585 (asistente administrativa de la cárcel de Cotopaxi) y USD 5.011 (jueces provinciales). En total, el Estado ecuatoriano ha pagado mensualmente USD 64.358,60 en sueldos de los procesados del caso Metástasis.
Ocho de los procesados cobraron su salario pese a tener orden de prisión preventiva en su contra. Ellos son, el juez Adolfo Gaibor, el juez Santiago Zumba, el juez Emerson Curipallo, el juez José Luis Segovia, la fiscal María José Aguirre, el secretario de juez Christian Sánchez, el agente policial Héctor Paredes, el policía Gabriel García, el policía Lenín Mazón y la funcionaria judicial Mayra Salazar.
Segovia y Curipallo se encuentran recluidos desde diciembre de 2023 en la Cárcel 4 de Quito y recién renunciaron a su cargo este 22 de febrero de 2024. Así lo anunció el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Curipallo se desempeñaba como juez de la Unidad Penal de Santo Domingo, mientras que Segovia era magistrado de la Corte de Justicia de Cotopaxi.
Según las investigaciones de Fiscalía, Curipallo presuntamente favoreció con sus sentencias al exvicepresidente Jorge Glas, para que este saliera de prisión. También emitió fallos favorables para alias ‘Cuyuyuy’ y ‘Madrid’, vinculados con Leandro Norero. Mientras que Segovia es acusado por supuestamente recibir sobornos para tratar los habeas corpus de los familiares de Norero.
¿Por qué hay procesados que conservan cargos públicos?
Según el artículo 109 del Código de la Función Judicial, se podrá destituir a un funcionario judicial cuando haya recibido una condena en firme como autor o cómplice de un delito sancionado con pena de privación de la libertad. En el caso de los jueces, se suspenderá su jurisdicción luego de haberse dictado un llamamiento a juicio penal en su contra.
Asimismo, el artículo 111 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que los policías serán cesados en funciones solo cuando exista una sentencia ejecutoriada que los inhabilite para el ejercicio de la funciones o cargos en la institución policial.
Sin embargo, el caso Metástasis aún se encuentra en instrucción fiscal o investigación pública. Esta etapa procesal dura 90 días, pero por la vinculación de nuevos procesados el 3 de enero esta fase se extenderá 30 días más. Por ello, los inculpados pueden continuar en funciones.
Texto original de Teleamazonas
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