La Ley de Competitividad Energética, recientemente aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, busca poner fin a los apagones en Ecuador. En ese sentido establece una serie de incentivos para distintos sectores con el fin de migrar hacia la generación de energía eólica.
La normativa permite, entre otras cosas, la participación del sector privado en la continuidad de proyectos hidroeléctricos que no han finalizado desde gobiernos anteriores. También plantea la condonación de intereses a quienes tengan deudas de planillas de luz. Con el documento se espera recaudar 500 millones de dólares que serán reinvertidos en el mismo sector.
Uno de los principales puntos de la ley tiene que ver con la condonación del 100% de intereses a los clientes que no han cancelado sus facturas de luz. La disposición no aplica para el sector industrial. Además, para beneficiarse de esta medida, se debe pagar la totalidad de la deuda hasta junio de 2024.
Pedro Velasco, asambleísta de Avanza, señala que esta condonación de intereses y multas también se amplía a quienes tengan deudas por generación de planillas de luz en las provincias de Manabí y Esmeraldas, a causa del terremoto de 2016.
La ley también permite la participación controlada de la empresa privada en proyectos energéticos e hidroeléctricos que tienen un avance de más del 50% en su construcción que fueron abandonados en gobiernos anteriores.
En estos casos, la normativa explica que una vez concluida la concesión, estas obras serían revertidas al Estado, sin que se genere conflictos.
Además, el documento establece arancel cero para la importación de maquinaria agrícola y para quienes implementen paneles solares en sus empresas o viviendas. Los usuarios finales serán beneficiados en la generación de energía.
Otro de los puntos claves es la transición hacia vehículos eléctricos, especialmente para el sector comercial. Se habla de un trabajo entre Ministerios y gobiernos Autónomos Descentralizados para crear un plan de chatarrización.
Todo esto se hará en un plazo de 10 años y estará enfocado en buses de transporte público, transportes escolares, taxis, entre otros. En tanto, los buses de transporte urbano e interparroquial que se incorporen al sistema deberán ser 100% eléctricos.