Diana Salazar, fiscal general del Estado, presentó sus observaciones al Proyecto de Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Lo hizo la mañana del 26 de enero, ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.
Para la ejecución de lo dispuesto por la normativa, el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es fundamental. Recordó que en 2017, la entidad fue sancionada por mal uso de la información con fines políticos.
Luego, en el 2018, la fiscal Salazar asumió funciones en la institución y “comenzó una cruzada para restaurar la buena imagen de la Unidad, especialmente trabajando con instancias extranjeras”, agregó.
Salazar propone cuatro pases en el proceso de extinción de dominio
Aunque reconoció que la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa es “oportuna y necesaria”, también enfatizó en la necesidad de que esta reforma esté dirigida a combatir de manera eficaz las estructuras de corrupción y criminalidad organizada.
Explicó que uno de los principales aspectos que ha impedido la plena aplicación de la Ley actual es el requisito de una sentencia condenatoria ejecutoriada y considera que dicho requisito debe ser eliminado.
“Deben tomar en cuenta que muchos criminales se encuentran prófugos y no son susceptibles de ser juzgados en ausencia. Las causas quedan suspendidas y no se llega a tener una sentencia condenatoria, lo que genera impunidad y que no se pueda hacer uso de los bienes de las organizaciones delincuenciales”, dijo Salazar.
Por eso, planteó que el proceso de extinción de dominio se realice en cuatro fases:
- Una previa de indagación y verificación de existencia de bienes.
- Una preprocesal de investigación patrimonial.
- Una procesal o judicial que estará dirigida por la autoridad competente.
- Una de ejecución, a cargo de la Procuraduría
También habló sobre los plazos para el proceso de extinción de dominio y dijo que disminuirlos excesivamente no contribuye a una pronta recuperación. Al contrario, disminuye la capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones patrimoniales.
Además, indicó que el tiempo sugerido para procedimientos de extinción de dominio de bienes en el territorio nacional es de 12 meses, mientras que para casos de bienes en el extranjero se podría plantear una excepcionalidad de tres meses. Añadió que en el exterior, el proceso puede tomar incluso años.
“Este es un trabajo que se lo debemos al país. Los ecuatorianos esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles. La ciudadanía se encuentra expectante de cómo procede cada función del Estado”, finalizó Salazar.
Texto original de Ecuavisa
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