El transporte público en Quito se ha vuelto uno de los puntos más vigilados por la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tras la declaración del “conflicto armado interno” para combatir la violencia del crimen organizado.
Desde primera hora de la mañana los controles se dan en diversos sectores: policías y militares revisan tanto vehículos en las principales avenidas como personas en las estaciones y paradas del transporte público más concurridas.
Fuertemente armados, los uniformados suben a las unidades de transporte y verifican la identidad de los pasajeros, a la vez que registran sus pertenencias en búsqueda de cualquier elemento que pudiera considerarse un arma.
Desde la declaratoria, la afluencia de pasajeros en el transporte público ha bajado sensiblemente y las calles lucen más vacías de lo habitual, como si se tratase de un día festivo.
Las clases siguen suspendidas y numerosas empresas han pasado a trabajar de manera remota para evitar los desplazamientos. Persiste el temor ante eventuales nuevas acciones violentas por parte de las bandas criminales.
“Nos vamos a mantener (atentos) en todo momento, tenemos en todo momento activados los apoyos con el Ejército y la Policía”, señaló el coordinador de Seguridad de la Empresa de Pasajeros de Quito, Mauricio Cerón.
Con el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa, las bandas criminales han pasado a ser consideradas por el gobierno como grupos terroristas y objetivos militares a ser neutralizados.
La decisión fue tomada tras una jornada de terror vivida el 9 de enero y atribuida al crimen organizado. Hubo secuestros y asesinatos de policías, explosiones, vehículos incendiados, el asalto armado a un canal de televisión y motines en, al menos, siete cárceles donde cerca de 180 funcionarios fueron tomados como rehenes.