El presidente de la liga de fútbol de Ecuador, Miguel Ángel Loor, se pronunció tras el polémico discurso del embajador de Estados Unidos en Ecuador Michael Fitzpatrick. «Cuidado por la generalización del mensaje se ensucia (mediáticamente) a clubes y personas que han cumplido a raja tabla la normativa interna», escribió el vocero de la LigaPro en su cuenta de X (antes Twitter).
El embajador dijo que los testaferros «ahora están metidos en hasta la pasión nacional: el fútbol, usando algunos equipos para lavar su plata y sus caras».
Loor señaló que «como nunca antes en la historia del fútbol ecuatoriano» todos los clubes profesionales de primera división en LigaPro tienen balances auditados desde el 2019, cuando inició su administración.
LigaPro también es auditada, por una Big Four, con cuentas presentadas al público en su página web, agregó. Además dijo que el actual director de Integridad de LigaPro fue jefe de Fraude Criminal de la Embajada de Estados Unidos.
Loor también asegura que LigaPro firmó acuerdo con el SRI para colaborar con asesoría e información. Y agrega que se encuentran cerca de firmar acuerdos con el Ministerio del Interior y UAFE.
Asimismo señaló que los clubes están obligados a reportar en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) desde este año. Y deciden por unanimidad contratar softwares y asesoría personalizada para sus reportes, dijo.
LigaPro, dice su presidente, tiene procesos internos de control «con estándares de primera tanto así que estamos cerca de nuestra certificación ISO – 9001«. Y pregunta al embajador Fitzpatrick «¿el mensaje fue para los clubes de primera división, de segunda categoría o amateur?
Las declaraciones de Fitzpatrick
En la conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el embajador de Estados Michael Fitzpatrick vinculó al fútbol ecuatoriano con la corrupción. También a «algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos».
A continuación su discurso textual, publicado por la Embajada de Estados Unidos en su página web:
«Buenas tardes. Muchas gracias al Rector de la Universidad de las Américas, Gonzalo Mendieta, por sus importantes observaciones. Gracias, también, por su apertura y cooperación para acoger este evento. También quiero agradecer a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito por ser un aliado clave en la lucha internacional contra la corrupción.
Bienvenidos a todos los representantes de las instituciones del Estado, docentes, estudiantes, medios de comunicación; gracias por su interés en el importante tema de hoy. En primer lugar: Quisiera compartir con ustedes que este año, los Estados Unidos es el anfitrión de la décima Conferencia de las Naciones Unidas contra la Corrupción (COSP10). Este evento, que tendrá lugar toda la semana que viene en Atlanta, Georgia, muestra el compromiso firme de los Estados Unidos de América con la lucha contra este mal global.
Observamos en esta conferencia el vigésimo aniversario de la adopción por la Asamblea General de las NNUU de la Convención anticorrupción: el único instrumento universal anticorrupción jurídicamente vinculante. El enfoque de largo alcance de la Convención y el carácter obligatorio de muchas de sus disposiciones la convierten en una herramienta única para desarrollar una respuesta integral a un problema global.
Convocaremos en Atlanta a los 190 estados parte de la Convención, así como a una variedad de partes interesadas de todo el mundo, incluidos representantes de organizaciones internacionales, la sociedad civil, los jóvenes y el sector privado. COSP10 reunirá a líderes mundiales para tomar decisiones políticas y continuar su trabajo para trazar el camino a seguir por la comunidad internacional en la prevención y lucha contra la corrupción.
El Ecuador estará representado por múltiples funcionarios públicos, miembros de la sociedad civil, de la academia y periodistas de investigación. Estar aquí hoy todos nosotros refleja el gran interés – y la gran responsabilidad compartida – que tenemos en el tema.
Hace un año esta semana, compartí con el Ecuador una reflexión sobre la impunidad que amenazaba hacer irrelevante el sistema de justicia en este querido país. Lamentablemente, un año después – hoy – la evidencia es aún más evidente y la conclusión es aún más clara a todos: La legitimidad y la integridad judicial para la defensa de una democracia justa sigue en riesgo.
La tasa de homicidios sigue creciendo de manera dramática. Comparando las cifras oficiales del primer semestre del año 2019 versus las de este año: Ecuador ha experimentado un aumento del 528% en el número de homicidios intencionales en solamente 4 años. Al terminar este año, Ecuador se ubicará entre los tres países del hemisferio con las tasas más grandes de homicidios.
Además, hace muy pocos meses, el mundo fue testigo de uno de los hechos violentos que más impactaron al país. El asesinato del candidato presidencial, reconocido por su lucha contra la corrupción, Fernando Villavicencio, marcó un hito imborrable en la sociedad pacífica que era, y que quiere seguir siendo, el Ecuador.
Y después, el asesinato de 7 sospechosos de este crimen mostró otra vez la debilidad del Estado, la falta de control en las cárceles, y la impunidad cotidiana en el sistema judicial. En estas circunstancias, el gobierno del Presidente Biden respondió a los pedidos ecuatorianos de apoyo internacional.
A través del FBI de nuestro Departamento de Justicia, estamos apoyando a la investigación criminal ecuatoriana en su búsqueda de justicia. Y el Departamento de Estado ha ofrecido recompensas de hasta millones de dólares por información que ayude acusar, ubicar, capturar y enjuiciar a las personas responsables por estos crímenes. Ocho funcionarios judiciales han sido asesinados este año. Ocho.
La independencia judicial en Ecuador está en grave peligro, como lo ha señalado recientemente la relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, Margareth Satterthwaite. CITO: Estos ataques y amenazas socavan la independencia del sistema judicial, impactando directamente el trabajo de jueces y fiscales en su lucha para garantizar el estado de derecho contra la corrupción y el crimen organizado. FIN DE CITA.
Y, ¿dónde están los bomberos para apagar este gran incendio? Están. Claro que sí. Y sí están haciendo avances. Pero necesitan todo nuestro apoyo.
Es importante que reconozcamos los esfuerzos de – y apoyemos a – todos aquellos servidores públicos honestos que ponen, día a día, su vida en riesgo por el Ecuador. Por ejemplo, hace un año mencioné el establecimiento de una corte especializada en el Ecuador, basada en la lucha contra la mafia italiana.
Y ahora, en solo un año de funciones, los jueces especializados en contra de la corrupción y el crimen organizado han sentenciado a grupos completos de criminales, de corruptos y de asesinos que pertenecen a las principales organizaciones criminales locales e internacionales. Aplaudo los resultados positivos obtenidos hasta ahora y motivamos a los jueces especializados a continuar con su labor esencial.
También quiero compartir con ustedes una reciente noticia. En el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos otorgó por primera vez los Premios Internacionales a los Campeones Anticorrupción, para honrar a los individuos e instituciones que luchan incansablemente por la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno alrededor del mundo.
Esta mañana en Washington, por segunda vez un ecuatoriano recibió este importante reconocimiento. El periodista Arturo Torres recibió el reconocimiento personal del Secretario Blinken como campeón anticorrupción por su tenacidad al exponer a funcionarios públicos corruptos y la explotación de recursos naturales, a través de un audaz periodismo de investigación de la corrupción en el poder judicial y vínculos del poder político con el narcotráfico.
Hay más razones de esperanza. Hoy, nos encontramos en un momento de oportunidad con un nuevo gobierno democrático y una nueva Asamblea Nacional. Además, después de casi cinco años, Ecuador cuenta al fin con un nuevo Contralor Titular. Esta es una oportunidad crucial para controlar los patrimonios de los funcionarios públicos, identificar irregularidades y prevenir el enriquecimiento ilícito.
También, le felicito al Presidente Noboa por su intervención esta mañana en New York, como presidente del Consejo de Seguridad de las NNUU. En una sesión del Consejo con un enfoque especial sobre el crimen transnacional organizado, el Presidente Noboa reafirmó que su Gobierno prioriza el apoyo de la cooperación internacional y desplegará todos los esfuerzos en las zonas fronterizas y al interior del país para enfrentar la violencia. Hizo una llamada internacional para apoyar al estado ecuatoriano en reducir la violencia y volver al progreso una costumbre. Apoyamos plenamente esta visión compartida.
El nuevo gobierno también puede promover cambios estratégicos, como la verdadera implementación de la extinción de dominio para incautar bienes provenientes de la corrupción y el crimen organizado. La extinción de dominio debe ser en Ecuador lo que es en otros países: una de las herramientas más fuertes en la lucha anticorrupción.
Si los corruptos y los narcos – y sus protectores políticos y económicos – saben que de verdad no van a ganar nada de plata con sus jugadas ilegales no van a tomar los riesgos. Cuando si hay un muy buen chance que el estado incaute todos sus bienes. Y tendrían que mirar a sus familiares en los ojos y decirles: “si, mi’ja; soy testaferro criminal.”
Y en momentos de déficit financiera, hace todo sentido que el estado use – como está previsto en el tratado – todos estos recursos recuperados para mejorar el sistema judicial del país. Así, el estado puede cortar una de las principales venas de financiación de estas actividades ilícitas.
Entre 2016 y 2020, Ecuador incautó apenas seis millones de dólares en activos ilícitos, mientras que $134 millones en multas penales permanecen sin cobrarse. Y millones de dólares en bienes incautados no son vendidos, sino que son mantenidos al coste del estado. Estas cifras no solo son risibles, sino que también representan recursos que no están siendo utilizados en la lucha contra el crimen organizado.
La extinción de dominio es solamente un ejemplo especifico de como las reglas existentes aplicables a la delincuencia común no son suficientes para combatir organizaciones criminales modernas y complejas. Estas redes abusan las leyes actuales para generar corrupción a escala grande y su total impunidad judicial.
Otro ejemplo claro de como el código criminal actual no funciona es la necesidad de notificar formalmente un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación. Es como decir, “Estimado Sr. Pablo Escobar: Le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación preliminar en su contra por el atentado de anoche.. Y otra por el asesinato, el sicariato esta mañana. No hay acusación todavía en su contra, pero ahora estás avisado.”
¿Qué piensan que va a hacer uno que lava dinero? ¿Qué va a hacer un corrupto cuando recibe este aviso oficial? Por supuesto – va a destruir toda la evidencia física y digital de sus crimines. Es obvio. Pero también es una burla absurda. Y un insulto a todos los ecuatorianos honestos.
Hay quienes todavía piensan que pueden seguir cooperando “sólo un poquito” o “sólo de vez en cuando” con las redes de corrupción. Que puedan continuar obteniendo grandes beneficios – y sin riesgos – simplemente por lavar ganancias corruptas, cerrar un trato fraudulento o enterrar evidencia de delitos bajo palabrería legal.
A aquellos funcionarios públicos, líderes de partidos, empresarios, autoridades judiciales, y hasta faranduleros que se dicen a sí mismos que “nadie me va a atrapar,” o que “todos lo hacen,” o que “nadie saldrá lastimado,” permítanme decirles: están equivocados.
Ya no tienen el poder que piensan. Las organizaciones criminales ahora creen que ELLOS son lo suficientemente fuertes como para defenderse, contra cualquiera que consideren una amenaza. Y como hemos visto con demasiada frecuencia, ya no simplemente muerden la mano que les da de comer. Disparan a matar.
Es obvio ahora que no hay tiempo para perder. La nueva Asamblea Nacional tiene la oportunidad de pensar en grande – y aprobar normas para crear una regulación especializada para enfrentar el peligro más grande que enfrenta el país hoy – las redes nacionales y transnacionales del crimen organizado.
Y sugiero amablemente a las autoridades legislativas que reglas arcaicas como estas tienen que cambiar si ellos – los representantes electos por el pueblo nacional – realmente desean defender la democracia y el estado de derecho ecuatoriano que hoy mismo sí está bajo ataque sostenido.
Pero el pueblo ecuatoriano no solo espera respuestas de sus nuevas autoridades en la Asamblea y en el Ejecutivo. Porque los corruptos, los narcos – y aquellos que los blindan y empoderan – están luchando para capturar otros sectores del estado que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial.
El sistema de justicia no es espectador inocente en todo eso. Al contrario. En la lucha de los corruptos es el premio máximo, la medalla de oro. Así que también tiene que escoger con quienes están. Esperamos que respondan a las demandas del pueblo popular e impartan justicia. Reconociendo sus debilidades, el sistema judicial debe luchar frontalmente contra la corrupción interna y sancionar con mano dura a jueces y fiscales que responden a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de impunidad.
Investigadores, fiscales y jueces tienen en este momento en sus manos la responsabilidad de demostrar que son capaces de hacer justicia, que el crimen no paga y que la impunidad es completamente rechazada. Pero este va doble para los lideres de los sistemas de control – a los que en vez de ser parte de la solución son parte del problema. Negociando la justicia – y acuerdos políticos y intereses personales – directamente con criminales? Caray.
Y el proceso usado por la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia? También ha generado preocupación, con expertos nacionales e internacionales alertando sobre la falta de probidad en este proceso. Caray. La Asamblea, la Judicatura y la Corte Nacional deben liderar la remediación automática en este fenómeno. Si es que no quieren todos, terminan siendo “irrelevantes”.
Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público. Están lavando su plata en los bienes reales, cuentas bancarias y empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional: el futbol, usando algunos equipos para lavar su plata – y sus caras. Caray.
Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables – cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray.
Pero insisto: No todo es negativo. Durante este momento de oportunidad y renovación institucional, es importante romper esquemas, pensar grande y poner en práctica acciones gubernamentales conjuntas que pongan en jaque a la corrupción y al crimen organizado transnacional.
Los ecuatorianos exigen – como es su derecho constitucional – justicia. El pueblo ha manifestado su fe electoral este año tras tres rondas de elecciones. Pero su paciencia – y la esperanza puesta claramente en los hombros de sus servidores públicos – no es sin fin.
Este panorama reclama una llamada a la acción decidida y colectiva. Los ecuatorianos no pueden permitir que la corrupción y el crimen organizado hagan aún más daño a las instituciones y, por lo tanto, a su democracia. Ecuador merece un futuro donde la integridad, la paz y la justicia no sean solo ideales, sino realidades cotidianas.
Pero que sepan ustedes que el Ecuador no tiene que enfrentar estos retos solo. Porque no están solos. Ni en Atlanta la semana entrante. Ni acá en los palacios de la justicia. Porque la comunidad internacional está en solidaridad con el Ecuador. Hacemos nuestra parte. Cuando el estado, las universidades, el sector privado, o la sociedad civil nos pide apoyo, vamos a continuar ofreciendo consejo, capacitación y tecnología.
Porque estamos – y estaremos – juntos. Estamos hombro a hombro con las mujeres y hombres ecuatorianos de buena fe – los que están poniendo cabeza y pecho en la batalla contra la corrupción y para modernizar el sistema de la justicia en el Ecuador.
Muchísimas gracias»