Brasil registró varios avances ambientales en el primer año del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, como una fuerte caída en la deforestación de la Amazonía, pero los ecologistas acusan al Gobierno de ser contradictorio por seguir apostando en aumentar y extender la producción de petróleo.
«El Gobierno Lula termina 2023 con buenos resultados en la política climática y en la política ambiental de forma más amplia. El problema es la gran contradicción de la política energética con esos avances», afirmó la especialista Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima.
La dirigente de esta red que agrupa a medio centenar de grupos ecologistas, incluyendo los internacionales como Greenpeace y WWF, destacó entre los avances la caída expresiva de la deforestación en la Amazonía, la reconstrucción de los órganos de fiscalización y de la gobernanza de la política climática y la inclusión de los asuntos ambientales en la agenda de varios ministerios.
Pero cuestionó los planes del Gobierno para aumentar la producción de petróleo, con la intención de convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo, y para explorar hidrocarburos en áreas vulnerables como la desembocadura del Amazonas, así como la negativa de definir una fecha para el fin de los combustibles fósiles.
Brasil aspira a ser un gigante petrolero
«Lo que menos se espera de un país que intenta colocarse como líder climático es que pretenda intensificar la producción de combustibles fósiles en pleno auge de la crisis climática con el único fin de aumentar las exportaciones. Querer competir con Arabia Saudí a esta altura del campeonato es totalmente inaceptable», dijo.
Araújo igualmente cuestionó la decisión del Gobierno de negarse a vetar la explotación de petróleo en la Amazonía y la de sumarse a partir de enero a la OPEP+, la organización que agrupa a los mayores exportadores de petróleo del mundo y a sus socios estratégicos.
Esta última decisión, anunciada en noviembre, en medio de la Cumbre Climática COP28 en Emiratos Árabes Unidos, hizo merecedor a Brasil, el país que venía destacándose en las negociaciones para acelerar la transición energética, del premio «Fósil del Día».
Un día después de la clausura de la COP28, el Gobierno brasileño promovió una subasta histórica en la que adjudicó 192 concesiones para explorar y explotar petróleo y gas en diferentes áreas, incluso en la Amazonía, a 16 compañías, entre ellas gigantes del sector como la estatal brasileña Petrobras, Shell, Chevron y Equinor.
La meta del Ministerio de Minas y Energía es que Brasil eleve su producción de hidrocarburos desde los actuales 3 millones de barriles diarios hasta 5,4 millones de barriles diarios en 2030, lo que lo convertiría en el cuarto mayor productor mundial, tan solo superado por Irán, Canadá y Kuwait.
El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, alega que Brasil, pese a ser un país con una matriz eléctrica en casi un 80 % renovable, necesita seguir explotando petróleo por muchos años para poder financiar su transición energética.
Pese a esa contradicción, en todos los eventos internacionales a los que ha acudido este año, desde la Asamblea General de la ONU hasta la COP28, Lula ha reiterado sus críticas a los países ricos por sus omisiones ante la crisis climática.
Avances ambientales comprometidos
Pero hasta la propia ministra de Medioambiente, la reconocida ecologista Marina Silva, afirma que Brasil tiene que definir un límite para la producción petrolero y un plazo para extinguir los combustibles fósiles.
«Estamos comprometidos con la meta de triplicar la producción de energía renovable, pero de nada servirá sino limitamos la explotación de los combustibles fósiles», afirmó recientemente Silva.
Para cumplir con las promesas de Lula de reducir a cero la deforestación ilegal de la Amazonía hasta 2030 y de neutralizar totalmente las emisiones contaminantes hasta 2050, el Gobierno consiguió reducir la devastación de la mayor selva tropical del mundo en cerca de un 51,5 % en 2023 en comparación con 2022.
Según datos oficiales, el área devastada en la Amazonía cayó desde el récord de 10.277 kilómetros cuadrados entre enero y noviembre de 2022, último año de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, hasta 4.980 kilómetros cuadrados desde que Lula asumió su nuevo mandato el 1 de enero de 2023.
Para ese logro fue necesario reconstruir todo el sistema de fiscalización, desmontado en el cuatrienio de Bolsonaro (2019-2022), que defendía la explotación económica de la Amazonía, incluso en las reservas indígenas. EFE