Las debilidades de las instituciones públicas en Ecuador salen a flote mientras la Fiscalía sigue liberando los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y sus presuntos colaboradores. Y, aunque la corrupción ya es habitual en el país, la magnitud de la penetración del crimen organizado en el Estado ha sacudido a la opinión pública.
En el mega operativo del 14 de diciembre, la Fiscalía no hizo distinción por cargos o entidades públicas: entre los 38 implicados cayeron policías, jueces, servidores penitenciarios y hasta fiscales.
Sin embargo, de a poco, las posibles conexiones se han ido extendiendo por casi todas las funciones del Estado y los distintos niveles de gobierno. Las menciones entre Norero y sus aliados salpican a figuras políticas e instituciones que no están vinculadas judicialmente al caso Metástasis.
El ‘Patrón’ Norero demostró que su influencia podía llegar no solo a funcionarios de bajo rango (y salario), sino también a autoridades nacionales y sus asesores.
El caso más extremo es el de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional de Justicia, y de Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), quien tenía rango de ministro de Estado.
Ejecutivo y Judicial, las funciones más infiltradas
En lo poco que se ha podido observar en los chats liberados por la Fiscalía, las instituciones del Ejecutivo y la función Judicial fueron las que tuvieron más ‘colaboradores’ en las filas de la organización criminal de Leandro Norero.
El presunto objetivo de los criminales, según la Fiscalía, era montar una estructura dentro del Estado para poder obtener beneficios en sus operaciones, procesos judiciales e, incluso, dentro del sistema penitenciario, si es que llegaban a caer presos.
Por ello, en este caso, los abogados y colaboradores de Norero se dedicaron a reclutar funcionarios en instituciones clave de estas dos funciones:
Función Judicial
- Fiscalía
- Consejo de la Judicatura
- Corte Nacional de Justicia
- Cortes provinciales
Función Ejecutiva
- Policía Nacional
- Sistema Penitenciario (SNAI)
- ECU-911
Con sus propios operadores dentro del sistema de Justicia, el narco Norero compraba dictámenes favorables, para él, su familia y sus aliados, y así conseguía impunidad.
Con los funcionarios ‘enrolados’ en sus filas, el capo también dificultaba investigaciones o eliminaba evidencias en su contra. Y obtenía privilegios mientras estaba encarcelado: acceso a Internet, ingreso de insumos de todo tipo y hasta evasión de requisas.
Y, para sus operaciones, incluso llegó a reclutar a funcionarios del ECU911, de quienes obtenía información sobre las personas a quienes perseguía o le interesaba tener monitoreados.
Operadores o asambleístas
Los lazos de esta estructura criminal tienen impacto también a otras entidades del Estado, como las funciones Legislativa y Electoral.
Según los chats de Norero, este tenía un presunto operador político en la Asamblea Nacional, en las filas del correísmo. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, por ejemplo, el exasambleísta Ronny Aleaga se habría encargado de obstruir y menoscabar las denuncias del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en Quito en agosto.
A la vez, las conversaciones entre los socios de Norero revelan también una supuesta intromisión en la política electoral, con financiamiento ilícito de campañas. Y este es, precisamente, uno de los puntos más débiles del sistema electoral.
Aunque no se ha descubierto a funcionarios electorales en la trama del caso Metástasis, los chats hablan de lo evidente: el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene la capacidad ni los medios para ejecutar el control del financiamiento de los partidos y movimientos.
Por ende, el narcotráfico y el crimen organizado tienen la capacidad de infiltrarse en otras entidades de elección popular: los gobiernos locales. Y esas mismas conversaciones de Norero apuntan a supuestos movimientos de capital a través de ciertas alcaldías y prefecturas.
Esto abre la puerta a la posibilidad de otros delitos de corrupción, especialmente de lavado de activos, a través de procesos de contratación pública y otro tipo de decisiones de las administraciones locales, que estarían favoreciendo el crecimiento del crimen organizado.