El ministro de Telecomunicaciones, César Martín, prevé que la renegociación de contratos con Claro y Telefónica para la prestación del servicio de telefonía móvil avanzado culmine antes de junio de 2024.
Pero el proceso se encuentra en pausa desde mayo de 2023, puesto que aún no está aprobada la valoración del espectro radioeléctrico, que será la base para determinar el monto que deberán pagar las operadoras móviles por el uso de este recurso en los siguientes años.
Esto obligó a que el Estado otorgara una prórroga de 10 meses a los contratos actuales de Claro y Movistar. Se trata de los contratos firmados en 2018 por un plazo de 15 años y que vencían en 2023.
Un tema crucial de la negociación, es la colaboración de las operadoras en temas de seguridad, dijo el ministro Martín en entrevista con PRIMICIAS.
El 4 de diciembre de 2023 usted se reunió con representantes de las operadoras móviles.
¿Con ese encuentro se retomaron las negociaciones o siguen suspendidas?
La idea de ese encuentro fue garantizarles que el proceso de negociación va a continuar. El día anterior a esa reunión había fenecido el plazo de suspensión establecido por la administración anterior.
En realidad, no ha habido una suspensión del proceso, sino que dentro de las mesas de negociación hay la posibilidad de aplazar el tratamiento de ciertos temas, en función de la llegada de insumos.
Estamos esperando un insumo que necesitamos para temas de valoración del espectro; por lo tanto, esa mesa, que es la de negociación de valores, está a la espera de ese insumo. Es una pausa administrativa, pero el proceso sigue activo.
¿Qué insumo faltaría para sentarse nuevamente a negociar?
El tema fundamental es la propuesta de valoración por uso del espectro. Ese monto económico viene disparado por un valor que debe entregarnos una consultora internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La UIT ya entregó la valoración, pero debe ser aprobada por la Arcotel (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), con base a los insumos técnicos que ellos nos envían, justamente estamos pidiendo los insumos técnicos para esa valoración.
Nosotros garantizamos a la ciudadanía que el servicio telefónico de móvil avanzado va a continuar, no se va a interrumpir.
También garantizamos que en el 2024 será completado el proceso de renovación de las concesiones. La ciudadanía puede estar tranquila.
Exactamente, ¿cuál es el plazo para que culmine la negociación con las operadoras móviles?
Tenemos un horizonte máximo, porque en agosto de 2023 se hizo una prórroga a la concesión anterior con Claro, la de 2008. También, hubo una en términos muy similares con Telefónica, en meses posteriores. Esas prórrogas son por 10 meses, en promedio.
Entonces, nuestro tope es junio o julio de 2024. Nuestra expectativa es poder tener buenas noticias antes, porque el proceso está encaminado.
Las operadoras móviles se han quejado del alto costo por uso del espectro.¿Qué planteará el nuevo Gobierno en la negociación en cuanto al cobro por el uso de este recurso?
Esa es una de las partes que por temas legales del proceso es confidencial, no puedo hablar mucho del costo. Lo que sí puedo garantizar es que el análisis que se está haciendo, con base a una consultora internacional y detalles que tenemos de los países vecinos, será en función de los derechos del pueblo ecuatoriano.
Es decir, vamos a recibir los valores de la consultora y los vamos a contrastar con datos técnicos demográficos de nuestro país.
No tiene ningún problema decir que tiene que ser un monto conveniente para las operadoras también. Es un negocio para ellas y debe ser rentable, con toda seguridad.
En promedio, la cobertura 4G del país era de 78% en 2022, pero en zonas rurales es baja o inexistente. ¿Qué se planteará a las operadoras para mejorar la cobertura en esas zonas y, en general, disminuir la brecha digital?
Mejorar el alcance de la cobertura 4G y la posibilidad de que alguien tenga un teléfono inteligente en localidades remotas, es fundamental. Pero, en ciertas localidades, por la misma situación cultural y demográfica, podría ser más relevante pensar en centros informáticos, antes llamados infocentros y, ahora, puntos digitales gratuitos.
Queremos reforzar este proyecto. Por un lado, con infraestructura, llegar a esos sitios con internet comunitario. Y, por otro lado, con contenido, capacitar a emprendedores en uso de herramientas digitales y en administración y posicionamiento de marca.
En el Proyecto de ley económica urgente para el fomento económico, tenemos las alianzas público-privadas. Esta es una vía para financiar proyectos de equipamiento de centros informáticos, en localidades que realmente lo necesitan. Tenemos expectativas importantes en la Amazonía.
Hemos tenido reuniones en estos días con varias empresas, pero no puedo decir nada concreto hasta que no se dé paso a la ley en la Asamblea.
Dentro de la negociación con las operadoras, también está la colaboración en temas de seguridad. De hecho, se había planteado la colocación de inhibidores de señal en las cárceles. ¿Esta idea se mantiene?
Es un tema muy delicado, porque si nosotros exponemos técnica y detalladamente lo que vamos a hacer, al mismo tiempo pondríamos en riesgo la efectividad de la solución.
Le puedo decir que se han analizado algunas de las alternativas. Esto es crucial; ya hemos tenido aproximaciones con el Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, en asuntos en los cuales las operadoras tienen que ser de crucial importancia para ese control, que es una de las prioridades de nuestro país.
Este tema avanza en dos fases, una parte es el tema de la negociación, que es a futuro. Pero, también necesitamos cosas de respuesta inmediata porque es un problema latente.
¿Habrá avances en su gestión para la implementación de la red 5G?
Esto implicaría una nueva negociación con las operadoras. El proceso actual es una renovación de la actual concesión, bajo los mismos términos técnicos. Es decir, no se contempla aumentar las bandas de frecuencia ya otorgadas, para el desarrollo de la red 5G.
Habría que definir los parámetros técnicos para lanzar ese proceso. Seguramente en este período vamos a asentar las bases del mismo y posiblemente se inicie.
¿Qué otros temas trabajará en su gestión al frente de la cartera de Telecomunicaciones?
Una de las metas que nos hemos planteado es devolverle la agilidad al Registro Civil. Este ha sido uno de los temas que más ha impactado a la ciudadanía con demoras importante en los servicios, pero en estas semanas de gestión nos hemos comunicado con los equipos de trabajo y ya hemos logrado algunos avances.
La espera para los turnos de cedulación ha bajado de 10 días a dos. Con el pasaporte, los tiempos de espera, han bajado de 40 días a la mitad, y en las oficinas más grandes, a siete días.
Para esto, es fundamental el suministro, garantizar que la cadena de producción se mantenga y sea óptima.
Además, estamos trabajando en reforzar el tema de la cédula digital y de los documentos digitales que ya existe, pero que todavía no ha sido completamente difundido.