El expresidente peruano, Alberto Fujimori, fue puesto en libertad este 6 de diciembre de 2023 tras la orden de liberación emitida por el Tribunal Constitucional, que atendió sus reivindicaciones relativas a cuestiones de salud pese a que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos siguen advirtiendo de la gravedad de sus crímenes.
Así, el exmandatario salió de la cárcel de Barbadillo a las 18.30 horas y a pesar de que un día antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido aplazar la excarcelación hasta estudiar al detalle el fallo del Constitucional, que aparentemente ponía fin a años de litigios judiciales.
Tras su excarcelación, ha sido trasladado a la vivienda de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori, que en principio será su residencia permanente. «El momento que tanto esperamos por más de 16 años ha llegado. ¡Gracias a Dios!», ha celebrado Keiko Fujimori en redes sociales, junto a una imagen de la familia.
Decenas de simpatizantes del expresidente peruano se habían concentrado en los exteriores de la cárcel a la espera de que Fujimori saliese de prisión, un objetivo perseguido por él y su equipo de abogados desde hace años, pero que la Justicia ha impedido en varias ocasiones.
Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del expresidente alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional ha acabado dando ‘luz verde’ a su excarcelación.
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
Para la directora de la oficina de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, «la liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades«, por lo que ha planteado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que examine su alcance, teniendo en cuenta «el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los Derechos Humanos en Perú».
«Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas«, ha señalado Goebertus, que sitúa a Perú al nivel de Nicaragua y Venezuela en cuanto a ignorar el sistema interamericano.
Por este motivo, la responsable de HRW ha señalado que «la comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana».