La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 1 de noviembre de 2023 que mantiene las medidas cautelares a favor del excandidato presidencial, Christian Zurita, quien salió del país a mediados de octubre.
Además, las amplió para el caso de Verónica Sarauz, esposa del asesinato candidato Fernando Villavicencio.
Lo propio se aplica para Andrea González, excandidata a la vicepresidencia de la República, así como de Antonio López y Carlos Figueroa, quienes formaban parte del equipo de campaña de Villavicencio.
La CIDH otorgó estas medidas cautelares el 20 de agosto de 2023, al terminar la primera vuelta electoral para la Presidencia de la República, en la que Zurita fue el tercer candidato más votado, al reemplazar a Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto en Quito, a su salida de un mitin de campaña.
El organismo consideró que los beneficiarios se encontraban en una situación de riesgo.
La CIDH solicitó al Estado ecuatoriano que mantenga las medidas de protección y refuerce las de la viuda de Villavicencio y sus hijos para proteger los derechos a la vida e integridad que siguen en riesgo.
A su vez, pidió al Gobierno ecuatoriano que informe sobre el estado de las acciones ejecutadas respecto a la investigación de las amenazas a las personas beneficiarias de las medidas cautelares.
Zurita prevé acudir la próxima semana a varias audiencias de la CIDH, después de que salió del Ecuador a mediados de octubre.