El sacerdote nicaragüense Harving Padilla huyó del seminario donde lo mantenía recluido el régimen de Daniel Ortega y, en represalia, cuatro sacerdotes más que se encontraban en la misma situación fueron enviados a la cárcel policial conocida como El Chipote, famosa por el aislamiento al que somete a los presos políticos.
Padilla, quien según fuentes cercanas se encuentra ya en un país extranjero no determinado por razones de seguridad, era párroco de la iglesia San Juan Bautista, de la ciudad de Masaya, y habría salido de Nicaragua el pasado 28 de septiembre después de permanecer por 16 meses recluido en el Seminario Mayor Arquidiocesano La Purísima, ubicado en Managua.
Una fuente cercana a los cuatro sacerdotes que el régimen mantenía en otro seminario, el Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, confirmó a Infobae que los religiosos fueron sacados con engaño en la primera semana de octubre y llevados a la cárcel El Chipote, sin que hasta ahora la Policía nicaragüense haya informado oficialmente de este traslado ni las razones que se tuvieron para ello.
“Los medios informaron que fueron ocho los sacerdotes que sacaron del Seminario y llevados a El Chipote, pero eran cuatro los que estaban ahí”, aclaró la fuente. “Llegó la Policía y les dijo que los llevarían a una audiencia (judicial) y ya no los regresaron”.
Actualmente la dictadura de Daniel Ortega mantiene a 13 sacerdotes en prisión, entre ellos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria” un día después que se negara a montarse en el avión en el que se le quería enviar al destierro a Estados Unidos.
Tres de los 13 sacerdotes presos, están recluidos en cárceles del sistema penitenciario cumpliendo condenas del poder judicial que controla Ortega, uno más del que no se sabe el paradero, y nueve estarían en la cárcel El Chipote, donde el régimen suele llevar a los presos políticos.
El Chipote es una cárcel administrada por la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía de Nicaragua, oficialmente bautizada como Complejo Policial “Evaristo Vásquez”, y reemplazó una vetusta prisión levantada en las faldas de la laguna de Tiscapa en 1931.
La antigua cárcel, con un sistema de mazmorras subterráneas a varios niveles, fue usada por la dictadura de los Somoza y ahí permanecieron confinados personajes opositores como el asesinado director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, y el sandinista Tomás Borge. A partir del 1979, el gobierno revolucionario la usó como prisión política y fue bautizada como El Chipote, en honor al cuartel que estableció el guerrillero Augusto C. Sandino, en Quilalí, al norte de Nicaragua, a finales de los años 20 del siglo pasado.
En 2018, Daniel Ortega recluyó y torturó a opositores en esa cárcel, según testimonios de reos e informes de organismos de derechos humanos. En febrero de 2019, se inauguró el nuevo complejo de cárceles en un terreno de 3.520 metros cuadrados, y se le llamó popularmente El Nuevo Chipote o solamente El Chipote.
Prisioneros políticos desterrados por régimen nicaragüense en febrero de este año, denunciaron las condiciones inhumanas y de aislamiento a las que estuvieron sometidos en la cárcel que construyó Ortega, y en la que ahora están los sacerdotes que mantenía hasta septiembre confinados en el seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
El encarcelamiento de sacerdotes es parte de una ofensiva que mantiene el régimen de Daniel Ortega desde 2018, y que hasta agosto de este año acumulaba 667 ataques contra la iglesia católica, según un informe de la investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina.
Los ataques expuestos en el informe comprenden profanaciones, robos, daños a las infraestructuras religiosas, inmovilización de cuentas bancarias, confiscaciones, amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, exilios, expulsiones, despojos de la nacionalidad, secuestros, encarcelamientos y mensajes de odio, entre otros.
Molina considera que el traslado de los cuatro sacerdotes a la cárcel El Chipote es una represalia por la fuga del cura Harving Padilla, pero también un avance “en el plan de asedio e intimidación de la dictadura a la iglesia”.
Contra el sacerdote Padilla, el régimen desató una campaña de desprestigio al atribuirle una supuesta coordinación con personas que asesinaron a un policía en Masaya y posteriormente quemaron su cadáver, durante la rebelión ciudadana de 2018.
“El cura Harvin Padilla, de la Parroquia San Juan Bautista en Masaya era quien dirigía a los terroristas que asesinaron vilmente al suboficial Gabriel de Jesús Vado Ruíz. Su complicidad quedó en evidencia en la comunicación que mantenía con los delincuentes”, afirmó en una nota la plataforma 19 Digital, que sirve de medio oficial del régimen.
El medio acusa al sacerdote de alertar con las campanas de su iglesia a quienes protestaban cuando se acercaba la policía a las zonas de conflicto, y presenta unos audios en el que supuestamente el religioso recomienda borrar el video donde arde el cadáver del policía muerto y retener “amarrados” a otros policías capturados.
En declaraciones posteriores, Padilla afirmó que los audios expuestos fueron manipulados por los medios afines al régimen y que, al contrario, en ellos pedía que se respetara la vida de los policías y paramilitares capturados.
En mayo de 2022, la policía dispuso un cerco alrededor de su parroquia, en Masaya, y ahí permaneció encerrado el sacerdote durante diez días hasta que una comitiva de la Arquidiócesis de Managua negoció su salida con las autoridades y logró sacarlo hacia el Seminario Mayor Arquidiocesano La Purísima, donde pasó 18 meses, hasta que escapó este 28 de septiembre.
Con información de Infobae