Ante el anuncio de racionamiento de electricidad o apagones, el sector productivo apunta a que tendrá una seria afectación a nivel nacional.
Según un comunicado de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), se estiman pérdidas significativas «considerando que cada hora el sector comercial vende $18 millones a nivel nacional y el último trimestre del año significa el 30% del total de ventas para el sector comercial.
En este sentido, para no perjudicar aún más a un sector productivo que todavía no se recupera del todo del golpe de la pandemia, se piden dos cosas al Gobierno.
En primer lugar, priorizar el suministro de electricidad al sector productivo. En segundo lugar, autorizar los cambios de horarios para que las industrias puedan continuar con su operación.
En los pasados apagones de los noventa del siglo pasado y 2009-2010, las pérdidas del sector productivo fluctuaron entre los $1.500 y $1.800 millones. Ahora, todo apunta a un valor no menor a $2.000 millones.
De acuerdo con la CCQ, los mayores perjudicados serán las Pymes del país, que no tienen el suficiente músculo financiero y operativo para afrontar apagones de 4 horas diarias en la Sierra y Oriente; y de 3 horas diarias en la Costa.
Así, por ejemplo, Mónica Varea, propietaria de la librería Rayuela en Quito, aseguró que está «sumamente preocupada por los apagones» y puntualizó que su librería no está en la capacidad de costear un generador de energía eléctrica.
Esos generadores, dependiendo de su capacidad, están costando entre más de $1.000 y alrededor de $5.000.
Por su parte María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), lamentó que el país haya llegado a una situación de cortes de energía cuando las condiciones de estiaje ya se preveían.
«No se gestionó ningún plan de contingencia. Estamos ante una crisis energética con alto impacto en toda la ciudadanía, sin excepción. Es inaudito que el anuncio se haga sin planificación y a espaldas del sector productivo», recalcó
Ante este escenario, Jervis dijo que están «trabajando contrarreloj para identificar medidas de contingencia que precautelen la actividad industrial y por ende a las familias ecuatorianas».