El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) abrió 4 de septiembre del 2023 la convocatoria para integrar la veeduría ciudadana con el objetivo de realizar un diagnóstico a las actuaciones del consejo transitorio de Julio César Trujillo.
En la mira está la designación de los jueces de la Corte Constitucional. El primer intento para destituir a los magistrados lo realizó Betty Marcillo. Sin embargo, tras no lograrlo el proceso recayó en Montecristi, donde el juez Leiver Quimis ordenó la conformación de esta veeduría.
Esta veeduría deberá diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas del cese de funciones y designaciones de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Cpccs transitorio. Acciones que se apegan a las declaraciones de Alembert Vera, quien dice que la gestión de Julio César Trujillo acabó con la institucionalidad del país.
Para el constitucionalista Emilio Suárez, las intenciones de este proceso judicial son claras. «Es curioso que esta acción se resuelva ante un juez de Montecristi cuando es una circunstancia que ha ocurrido en la ciudad de Quito (…) Se nota una clara intención de desprestigiar y deslegitimar a la Corte Constitucional y a sus fallos», afirmó.
Además, señala que la veeduría solo podría presentar un informe para conocimiento del Cpccs, pero este organismo no podría pretender cesar a los jueces de la Corte Constitucional. No obstante, si se llegara a desconocer la designación de esta Corte habrían implicaciones serias en temas como el aborto en caso de violación o el matrimonio igualitario.