El juez de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas) Jorge Medina revocó la medida cautelar que mantenía suspendido el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado, que llevaba a cabo una comisión ciudadana en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Este 25 de septiembre, el juez que venía conociendo una acción de protección resolvió el archivo del expediente y revocó la medida cautelar que mantuvo suspendido el concurso desde el 14 de septiembre de 2023.
La razón se fudamentó en que la solicitante de la acción de protección, una ciudadana identificada como Jenniffer Díaz Ortiz, desistió de avanzar en su recurso constitucional y había firmado el documento avalando su desistimiento.
Según su demanda, se habría dado una vulneración a los derechos constitucionales y responsabilizó al CPCCS de omisión por no vigilar las actuaciones de los integrantes de la comisión ciudadana en la fase de calificación de méritos.
De esta forma, la comisión ciudadana deberá retomar el desarrollo del concurso público que está por concluir.
Tras la medida judicial, se suspendió la rendición de la prueba a 103 aspirantes, que estaba convocada para el pasado 19 de septiembre en un colegio de Quito, pero se suspendió hasta conocer la resolución judicial.
El banco de 2.000 preguntas, elaborado por un grupo de catedráticos, está listo para ser utilizado en esta prueba escrita y se encontraría resguardado por miembros de la Policía Nacional en el edificio del CPCCS en Quito.
Por esta causa, el juez Medina convocó a audiencia pública para este 26 de septiembre; pero con el desistimiento, el proceso no seguirá adelante.
Una vez que la comisión ciudadana tome el examen de conocimientos a los 103 concursantes, se avanzará a la fase de recalificación de las notas de méritos y de la prueba escrita y se elaborará el informe final de calificaciones. Para estas actividades, los comisionados tienen un término de seis días en total.
Este listado se trasladará al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que, en un término de dos días, elija a la nueva autoridad de la Contraloría, según quien haya obtenido el mejor puntaje.
Por el momento, los candidatos con altas calificaciones en sus méritos son Alejandra Vivanco Carrión, con 49,5/50, y Juan Falconí Puig, con 47/50.
Este desestimiento se produce de forma paralela a que la Corte Constitucional (CC) debe resolver sobre el cumplimiento de un dictamen interpretativo de mayo del 2019, en el que son observados los siete vocales del CPCCS: Alembert Vera, Yadira Saltos, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.
La CC activó el seguimiento de su fallo, con el que blindó las actuaciones del extinto CPCCS de Transición, debido a que en junio pasado los vocales Vera, Verduga, Saltos y Verdezoto aprobaron un informe de investigación en contra de la fiscal del Estado, Diana Salazar, a quien la acusan de presuntamente plagiar textos de su tesis universitaria para obtener su título de tercer nivel y que fue presentado en el 2018 para participar en el concurso público en el que fue electa en ese cargo.
De igual forma, analizan la creación de una veeduría ciudadana que busca diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas del Transitorio para la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional.
Este 25 de septiembre se llevó a cabo la audiencia pública en la que se escucharon los alegatos de cargo y descargo de los siete consejeros y otros funcionarios. Aún resta el pronunciamiento de los jueces de la alta Corte.
Con información de El Universo