La esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Su tratamiento se basa en el suministro de medicamentos, denominados neurolépticos o antipsicóticos, que tienen la capacidad de corregir desequilibrios de los neurotransmisores.
También se puede implementar terapia psicosocial que puede ayudar a controlar esa enfermedad en el paciente. En algunos casos, incluso puede ser necesaria una internación.
Jhonny Caiza, de 30 años, quien es investigado por la muerte de la enfermera Letty Cando, recibió tratamiento por esa enfermedad. “En su habitación se encontró documentos sobre un tratamiento por esquizofrenia”, confirmó Miguel Egas, oficial de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).
Con base en el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el abogado penalista Ramiro Román asegura: para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta; es decir, que tenía conocimiento del delito que comete.
Caso contrario -según el 35 y 36 de la misma norma– no existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental. Quien al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, por el padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. “En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad“.
Si se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal.
En ese contexto -explica Román- deben intervenir médicos psiquiatras para evaluar la salud mental del investigado. “El tratamiento es a otro nivel. Tiene comprobarse la enfermedad (mental) y ver las condiciones en las que se encuentra”.
Al mencionar que se le puede otorgar medidas de seguridad, el sospechoso puede ser llevado a un sanatorio.
Para el penalista Henry Caliz, el principal sospechoso de este caso debe ser procesado por asesinato y recibir 34 años como pena máxima. La razón: al haber enterrado a la víctima por partes en el parque Metropolitano, tenía pleno conocimiento de lo que estaba realizando y capacidad de comprender la ilicitud de su conducta.
Es decir, sabía que cometió un crimen atroz y por eso enterró a la víctima para que no lo descubrieran. “Buscó la impunidad para que no se conozca de la acción. Hay un conocimiento predeterminado de la ilicitud del acto. Por más que le hagan pericias, no van a lograr determinar que no conocía la gravedad del acto”.
Con información de Ecuavisa