Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), rechazó la acusación de Mishelle Calvache por la aparente adulteración de un documento público que se envió a la Corte Constitucional y por la cual presentó una denuncia.
Vera señala que demostrará ante los tribunales que esa denuncia es falsa y que los consejeros estarían encabezando una ola de desprestigio contra la institución.
“Este es un disparate más. Es lamentable que lejos de ejercer la actividad como consejeros (…) se pretenda generar una ola de desinformación”, aseguró Vera.
Además, afirmó que no existe la posibilidad del presunto cambio en el informe y que Calvache hace esta denuncia por un supuesto desconocimiento de los procesos de la institución.
“Como es de costumbre la consejera (Calvache) o no estuvo o estaba con el micrófono apagado. Tenemos audio y video y ya lo vamos a generar y demostrar que todas las observaciones se trataron en el pleno. Las que fueron consideradas por la mayoría de los votos se incluyeron, otras no”, sostiene Vera.
Sin embargo, según Calvache, se buscaría afectar la designación de la Fiscal General del Estado. “Encontré que se pusieron y se sacaron algunos párrafos incluso con el fin de, un poco, quitar esta responsabilidad que va a tener el lunes en la Corte Constitucional”, aseguró la consejera.
Vera sostiene que las acusaciones son falsas. “En ningún momento este informe ataca ni genera ningún acto respecto a la designación, concurso o asignación de la Fiscal General del Estado, es respecto a artículos académicos que son del 2020. No tienen nada que ver con la designación de la Fiscal”.
Calvache ya presentó la denuncia por presunto fraude procesal y de comprobarse se generarían implicaciones legales. “La persona que falsifique, destruya o adultere los efectos o sentidos de un documento público o privado puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de cinco a siete años”, asegura Marcela Estrella, experta penal.