El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este jueves el estado de excepción a nivel nacional por 60 días tras el asesinato el miércoles del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de disparos de presuntos sicarios a la salida de un mitin electoral en Quito.
En un mensaje a la nación tras una larga reunión del comité de seguridad del Estado, Lasso ratificó que las elecciones generales extraordinarias se celebrarán el próximo 20 de agosto, como estaba previsto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional como parte del estado de excepción, de acuerdo con información de la agencia Efe.
Producto de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador por el auge de la delincuencia y la violencia del crimen organizado ya había decretado actualmente un estado de excepción desde finales de julio, también por 60 días, en las provincias de Manabí y de Los Ríos, así como en el municipio de Durán, del área metropolitana de Guayaquil.
El mandatario, que decretó también tres días de luto nacional por la pérdida de Villavicencio, afirmó que el atentado “es un crimen político que adquiere un carácter terrorista”.
“No dudamos que es un intento de sabotear el proceso electoral. No es coincidencia que se produzca a pocos días de la primera vuelta presidencial”, señaló Lasso.
🔴#URGENTE 👉El Presidente @LassoGuillermo anuncia dos decretos importantes. El primero declara tres días de luto nacional en honor a #FernandoVillavicencio. El segundo establece el #EstadoDeExcepción por 60 días, en respuesta a los acontecimientos recientes. pic.twitter.com/LV6cBFqIxL
— Dialoguemos INFO (@DialoguemosINFO) August 10, 2023
Lasso detalló que el atentado se produjo alrededor de las 18:15 hora local (23:15 GMT) “y provocó el enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos”, entre los que uno falleció a causa de las heridas, tras haber sido capturado.
Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena”, agregó.
El gobernante agradeció las muestras de solidaridad y de apoyo internacional y valoró la presencia en los comicios de misiones de observación de organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, reiteró que “las fechas de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, así como todas las actividades del cronograma electoral”.
🔴#URGENTE 👉La Presidenta del @cnegobec, @DianaAtamaint, confirma la continuidad de la fecha de las elecciones programadas para el 20 de agosto. La decisión sigue firme a pesar de los recientes eventos. #Elecciones2023 #FernandoVillavicencio pic.twitter.com/JB5zryVw8f
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Para ello, “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional redoblarán la seguridad en todos los recintos electorales, para que todos los comicios se desarrollen con garantías”.
¿Qué es el estado de excepción?
El presidente del Estado tiene la autoridad de establecer un régimen jurídico especial en todo o parte del territorio nacional en situaciones de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Durante este período, se pueden suspender o limitar ciertos derechos, como la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, y la libertad de información, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de Ecuador.
Las declaratorias de estados de excepción, que además del despliegue de militares en las calles para apoyar la labor de la Policía implican la suspensión de algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, han sido una medida recurrente por parte de Lasso para aplacar picos de criminalidad.
Desde hace más de dos años se han vuelto una tónica habitual en Ecuador las noticias de asesinatos a manos de sicarios o de matanzas a cargo de bandas criminales, una situación que el Gobierno vincula principalmente con el crimen organizado y el narcotráfico, que se ha hecho fuerte en la zona costera del país.