A solo dos días de completar su primer año de Gobierno el presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta una tormenta mayúscula por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2022, denunciada por su propio hijo Nicolás, y cuyas consecuencias jurídicas y políticas son imprevisibles.
La temperatura del escándalo ha ido en aumento desde el pasado sábado cuando Nicolás Petro Burgos y su exesposa, Daysuris Vásquez, fueron detenidos en Barranquilla como parte de una investigación por la que el primogénito acabó imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su ex por lavado de activos y violación de datos personales.
Sin embargo, la revelación del fiscal del caso, Mario Burgos, de que parte del dinero obtenido ilegalmente por el hijo del presidente llegó a su campaña, prendió las alarmas en el Gobierno y, aunque todavía no se han hecho públicas pruebas de esa denuncia, llevó al jefe de Estado, que el 7 de agosto cumplirá un año en el cargo, a darle poder a un abogado para que lo represente.
«Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente», anunció.
Dado el impacto político causado por lo que, según la Fiscalía, relató Nicolás Petro, el abogado del presidente dijo que de inmediato pedirán «acceso a todas las denuncias para que se unifiquen y podamos hacer un debate jurídico serio y respetuoso».
El mandatario, que anoche rechazó que su hijo haya ensuciado su campaña con dinero recibido del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias «el hombre Marlboro», y de un hijo del controvertido empresario Alfonso «Turco» Hilsaca, ve en el caso una conspiración «para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia».
«Son muy graves las declaraciones de Nicolás Petro. Los hechos conocidos no son una conspiración golpista. Incumbe al Gobierno reiterar el respeto a las instituciones y al Estado de derecho. Este asunto tiene que resolverse en las salas de la justicia, no en la calle», dijo hoy el exministro Alejandro Gaviria, quien fue jefe de la cartera de Educación durante los primeros siete meses del actual Gobierno.
Dolor y cautela
Con respecto a las denuncias, el presidente admitió hoy que ha recibido «con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa», donde su hijo estaba construyendo su feudo electoral como diputado a la Asamblea del Departamento del Atlántico.
Con una tónica similar reaccionó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien descalificó la versión de Nicolás Petro porque éste no tenía ninguna responsabilidad administrativa en la campaña presidencial de 2022.
«El comunicado de la Fiscalía en ningún punto habla en imputación de cargos de delitos de financiación ilegal de campañas», dijo Velasco en un acto en Cúcuta donde agregó que «no hay elementos de prueba, por lo menos todavía, que señalen que una de esas conductas pueda haber ocurrido».
En caso de que sean presentadas esas pruebas el primero en responder tendría que ser el gerente de esa campaña, Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera estatal Ecopetrol.
«Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, debe renunciar a su cargo porque fue gerente de la campaña de Gustavo Petro, acusada por Nicolás Petro. Y si no renuncia, que la junta directiva de Ecopetrol le pida la renuncia porque Roa le está haciendo gravísimo daño a Ecopetrol», pidió en su cuenta de Twitter el exsenador de izquierdas Jorge Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de octubre próximo.
Si las denuncias se confirman y la tormenta política se fortalece, podría llegar al propio Petro, que paradójicamente se caracterizó en su carrera por denunciar la corrupción.
«Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor», afirmó el presidente.
En el hipotético caso de que Petro se vea salpicado, sería la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes la encargada de comenzar un proceso de destitución en su contra.
El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó este viernes que desde marzo pasado, cuando Daysuris Vásquez hizo las primera denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo «un proceso en contra del presidente de la república» que «se encuentra en etapa de investigación previa».
Testigo en peligro
Para agregar más suspense a la trama, el abogado José David Teleki, defensor de Nicolás Petro, alertó este viernes que la vida de su defendido corre riesgo porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad.
«Mi defendido es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales», expresó el letrado al pedir detención domiciliaria para su defendido.
Al dirigirse al juez, Teleki manifestó: «Si él (Nicolás Petro) fuese a una cárcel, su señoría, no dura 24 horas (…) Si pisa una cárcel tenga la seguridad que lo van a estar esperando para asesinarlo». EFE