La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) expresó su profunda preocupación ante los impactos negativos que genera el dictamen de mayoría emitido por la Corte Constitucional respecto al texto referente al capítulo de inversiones contenido en el Acuerdo Comercial suscrito con Costa Rica.
Según el gremio, la decisión de pedir que el país renegocie el acuerdo ya firmado, bajo la premisa que se vulnera la soberanía nacional, va en sentido contrario y dilata todos los esfuerzos que se han hecho para impulsar la apertura de mercados y la atracción de inversiones extranjeras.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) se puntualizó que la Constitución del Ecuador es clara y no prohíbe los mecanismo de arbitraje internacional y solución de controversias relacionados a inversiones.
«Lo que se encuentra prohibido es ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas, tal como se argumenta en el dictamen de voto salvado de 4 jueces constitucionales. En este sentido, es importante destacar que un Acuerdo Comercial nace de una negociación entre Estados en la que se acuerdan los términos y no de una imposición de los mismos», afirmó la CCQ.
De acuerdo con Fedexpor, resulta inentendible e irresponsable que la Corte Constitucional no haya actuado de manera oportuna en pronunciarse sobre la interpretación del artículo 422 de la Constitución, con lo que se habría evitado llegar a una circunstancia en la que el país debe replantear una renegociación del texto de un acuerdo comercial ya firmado.
El resultado de una posible renegociación es incierto; además, se desgasta la imagen y seriedad del Ecuador a nivel internacional para hacer negocios y generar empleo.
«Queda claro que los criterios emitidos por los cinco jueces que conformaron mayoría en este fallo están desconectados y son ajenos a las necesidades y realidad del país; y su decisión limita la posibilidad de captar inversiones y ampliar posibilidades de exportación para las más de un millón y medio de familias que dependen de la actividad exportadora», acotó Fedexpor.
Por su parte, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), se aseguró que la decisión de la mayoría de jueces constitucionales (5 de 9) alega una inexistente cesión de soberanía e ignora que un dictamen emitido por la misma Corte en el pasado, en el que » se reconoce expresamente la posibilidad que el Estado pueda pactar mecanismos de solución de controversias ante órganos jurisdiccionales designados, como bien puede ser el arbitraje».
El CEE considera que el actual de la Corte bloquea el proceso de apertura comercial y pone obstáculos a la promoción de inversiones, generación de empleos, dinamización de exportaciones y desarrollo nacional.
Con información de La Hora