La aprobación del “Sí” en la consulta popular del Chocó Andino representa la determinación de prohibir la minería en todas sus escalas, ya sea artesanal, mediana o grande, dentro de la Mancomunidad. Cerca de 2 millones de residentes de Quito respaldaron esta medida el 20 de agosto de 2023, según confirmó el Consejo Nacional Electoral. Con un contundente respaldo, más del 60% de los quiteños expresaron su apoyo a la prohibición minera en la región.
Es importante destacar que este logro ambiental no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que se aplicará únicamente a nuevos proyectos. No obstante, la decisión conlleva consecuencias adicionales según el canal Teleamazonas.
Lo que dice la Corte Constitucional
La sentencia de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular por el Chocó Andino establece varios parámetros frente a una victoria del ‘Sí’. El primero, según el fallo, es la no retroactividad de la aplicación de la consulta.
En la sección final, la Corte reitera que los efectos de la consulta ante un pronunciamiento afirmativo del electorado serán únicamente hacia el futuro. Es decir, que no aplica para nuevos proyectos y se mantienen las 20 concesiones que ya han sido otorgadas en el lugar.
Además, la sentencia establece que los efectos de la consulta «no podrán exceder el ámbito de
competencias constitucionales y legales fijadas para cada nivel de gobierno». Esto incluye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y al Gobierno central. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, seguirá siendo el responsable de emitir las licencias ambientales.
Otra disposición de la Corte es que el Concejo Cantonal del Distrito Metropolitano de Quito incluya en el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión del Suelo la prohibición de explotación minera en los territorios que conforman la mancomunidad del Chocó Andino. Es decir, deben modificar los planes territoriales de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.
Además, dice el fallo, el Ministerio de Energía y Minas deberá abstenerse de otorgar y registrar nuevos derechos mineros en las parroquias. Los derechos mineros no podrán restablecerse una vez que hayan caducado «por vencimiento del plazo, reducción, renuncia o caducidad de la concesión y permisos», dice la sentencia. Esta disposición también debe ser cumplida por las entidades públicas adscritas al Ministerio.
Colectivo Quito Sin Minería se pronuncia
El 21 de agosto de 2023, el colectivo Quito Sin Minería dio una rueda de prensa tras conocer los resultados de la consulta popular por el Chocó Andino. Su abogado, Fred Larreátegui, se refirió al futuro de las 20 concesiones mineras del lugar.
Con la victoria del ‘Sí’, dijo, las 12 concesiones que están en fase de exploración no podrán pasar a la siguiente fase. Y las otras 8 que están en trámite no deberían ser otorgadas, señaló.
Gustavo Redín, abogado especialista en derecho ambiental, constitucional y colectivos, indica que la posición del colectivo es correcta. «La Corte especifica que las fases son procesos de títulos de explotación minera». Cada vez que una compañía minera termina una fase, crea una nueva solicitud, explica.
Cuando termina una fase, termina un derecho, agrega. Y dice que las compañías mineras pueden continuar con las fases que ya están aprobadas. Pero para sacar el nuevo premiso ya aplica la sentencia. Según el abogado, esto quiere decir que si una minera quiere un permiso para explotar, no podrá porque la agencia reguladora ya no puede aprobar permisos ni títulos mineros.
Cámara de Minería dice que concesiones siguen
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME) asegura que la actividad minera de las 20 concesiones continuará en cada una de las fases porque los efectos de la consulta no son retroactivos. “Lo que no se puede son nuevas concesiones”.
Pamela Aguirre Castro, abogada y directora del Observatorio Jurídico – Social UEES, coincide con Silva y señala que hay que «entender a la sentencia integralmente». Explica que la sentencia habla de actividad minera y no de fases.
Aguirre dice que hay que respetar los contratos y la seguridad jurídica de todos y que, por eso, se debe continuar todo lo que ya fue autorizado. «Aunque no nos guste, (la actividad de las concesiones) va a tener que seguir«.
Tras el pronunciamiento de los electores por el Sí, Aguirre dice que no se podrá otorgar nuevas concesiones ni ampliar las que ya existen. En caso de que se interpongan acciones constitucionales, «lo más probable será que la Corte Constitucional no admita las causas a trámite».