La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió a la comunidad internacional (Organización de Estados Americanos, Unión Europea) y al sistema de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), estar “alerta”. Lo hizo a propósito de la amenaza de muerte que recibió en su contra el viernes 2 de junio de 2023, y que se produjo en medio de la intención de removerla del cargo.
En una entrevista en la cadena CNN en español, la Fiscal alertó que este no es un tema casual, sino que ha ido escalando desde la tentativa de la Asamblea Nacional de removerla del cargo bajo el mecanismo de un juicio político, y que luego se trasladó al Consejo de la Judicatura (CJ) que pretendió suspenderla, a pesar de no tener la potestad legal.
“Pero antes, fraguando un asesinato a la reputación de la Fiscal General del Estado, en base a falsas acusaciones de que se habrían encontrado similitudes en la tesis de grado; todo fue una falsedad; están en el camino de intentar sacarme del cargo”, advirtió.
Este es un terreno en el que también ha intervenido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Salazar insistió en que este organismo tampoco tiene las competencias para observar sus actuaciones como Fiscal.
Alertó que no conformes con estas intentonas, llegaron amenazas que manifiestan (que deje el cargo) “por las buenas o por las malas”.
Salazar se refirió al ultimátum que un grupo armado le profirió a través de un video que fue enviado a su número de teléfono donde también le chantajea con lastimar a su hija.
Recuento
En noviembre de 2021, el inicio de una indagación previa por un presunto delito de acción pública derivó en amenazas de juicio político en contra de Diana Salazar, por parte de los entonces asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales.
En esa ocasión, Salazar había iniciado el proceso por una denuncia del exdiputado Andrés Páez sobre supuestas irregularidades en la aprobación del expediente del caso ‘Pandora Papers’.
Entre los entonces integrantes de la Comisión hubo una coincidencia: los legisladores no pueden ser procesados penalmente por sus opiniones, y advirtieron que esta situación podría llevar a la interpelación de la Fiscal General, y le recordaron que sí puede ser objeto de control político.
El caso Carrión
En la entrevista en CNN, la Fiscal, denunció que el lunes de la semana pasada, el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, uno de sus acusadores presentó, por quinta ocasión, un recurso de habeas corpus para revertir la sentencia de cuatro años por el presunto delito de violación.
La Fiscal anticipó que a él se suman otros que han sido sentenciados y que se encuentran en calidad de prófugos y que no pueden candidatizarse para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, previstas para el 20 de agosto. “Es todo un grupo que busca impunidad y que la criminalidad reine en el país”, expresó.
Apoyo de embajadores acreditados en Ecuador
En la entrevista en CNN, la Fiscal también agradeció el respaldo a su gestión que recibió de varios representantes de cuerpos diplomáticos en Ecuador, a propósito de las amenazas y ataques que ha recibido en su contra.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador compartió una fotografía de un encuentro mantenido el 2 de junio, y varios de los participantes publicaron un mensaje en redes sociales de «rechazo a cualquier violencia o amenaza contra las instituciones y sus representantes». El embajador de la Unión Europea, Charles-Michel Geurts y el embajador de Francia, Frederic Desagneaux se sumaron al mensaje a favor de la Fiscal.
Ocurre en medio de la arremetida en contra de la funcionaria, en los últimos días, de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) el Consejo de la Judicatura que han cuestionado su desempeño.
“Nos reunimos varios colegas diplomáticos con la Fiscal, Diana Salazar para expresarle nuestra solidaridad ante las amenazas odiosas contra ella y su familia. El estado de derecho y la seguridad de sus servidores tiene que prevalecer”.
Con información de La Hora