El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá buscar un nuevo edificio para su funcionamiento, por decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso.
A través del Decreto Ejecutivo 759, emitido el 5 de junio de 2023, el jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, resolvió derogar varios decretos emitidos por el expresidente Rafael Correa, en los que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador al CPCCS y a Inmobiliar, atendiendo la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Uno de esos decretos derogados fue el 494, que suscribió Rafael Correa en octubre del 2010, en el que requirió al Banco Central que el inmueble signado con el número 15, en una escritura de unificación de bienes, se lo traspasara al dominio y propiedad a título gratuito del Consejo de Participación Ciudadana.
El inmueble se llama Edificio Centenario, que incluía 70 parqueaderos y está ubicado en el sector de Santa Prisca, en el centro norte de Quito, en donde ha funcionado el Consejo de Participación Ciudadana desde 2011.
En ese entonces, Correa instruyó al Banco Central que mediante un contrato de comodato se entregue al CPCCS dicho edificio y 70 parqueaderos.
Trece años después, Guillermo Lasso derogó ese decreto y argumentó que la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero impide al Banco Central del Ecuador “proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas, sin establecer excepción alguna”.
En esa línea, el BCE tiene prohibición para realizar transferencias a título gratuito de sus bienes inmuebles propios, lo que incluso se habría confirmado mediante una consulta jurídica planteada ante la Procuraduría General del Estado.
Por ello derogó el Decreto 494 y dispuso a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) que se encargue de acatar la prohibición del Código.
Así también, Lasso derogó el Decreto 1249, en el que Correa requirió al Banco Central que transfiera a Inmobiliar dos edificaciones ubicadas en Machala (El Oro).
El Consejo de Participación Ciudadana todavía no se pronuncia sobre la decisión presidencial.