En momentos en que Ecuador atraviesa una severa ola de inseguridad y cuando un juicio político amenaza la gestión del Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso firmó el miércoles un decreto que declara al terrorismo “una amenaza contra el Estado” y ordena a las fuerzas armadas tomar medidas inmediatas para reprimir “la amenaza terrorista”.
El 27 de abril el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) habían declarado terroristas a los grupos delictivos que operan en el contexto del narcotráfico, y ahora el decreto firmado por Lasso representa el instrumento de ley necesario para que los militares puedan intervenir en operaciones de orden público.
Operaciones de guerra
En el primero de los cinco artículos que componen el decreto se ordena a las fuerzas armadas que, “en cumplimiento de su misión de defensa de la soberanía e integridad territorial y de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, realicen operaciones de guerra para confrontar y contrarrestar a individuos y organizaciones terroristas”.
Ello, se precisa, aplicando “los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la plena vigencia de la Constitución y el ordenamiento de ley”.
La violencia ha aumentado considerablemente en Ecuador en los últimos años también por el narcotráfico, con una tasa de homicidios que pasó de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2022.
Esta situación también se ha trasladado a las cárceles donde, desde 2021, más de 420 reclusos han muerto en masacres en prisiones.
Hace unos días, el general Alexander Levoyer, comandante de la fuerza militar y policial conjunta en la provincia de Esmeraldas, advirtió: “Tenemos armas letales, tanquetas, aviones, si tenemos que usarlas contra los delincuentes, lo haremos”.
Acuerdo con Brasil
El canciller de Brasil visitó a Lasso este jueves, con quien trató el tema del crimen organizado. Mauro Vieira dijo tras el encuentro que para ambos países este fenómeno es prioridad.
“Constatamos que la lucha contra el crimen organizado internacional constituye una prioridad de ambos gobiernos”, expresó Vieira en una declaración conjunta con su homólogo ecuatoriano Gustavo Manrique.
Agregó que Brasil ha fortalecido la cooperación en materia de defensa y seguridad pública con Ecuador, golpeado por el aumento del narcotráfico y la criminalidad.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, Ecuador encara una ola de criminalidad.
Según el Ejecutivo, la violencia es producto de enfrentamientos entre bandas que se disputan las rutas para el tráfico de drogas.
Entre enero y abril, Ecuador decomisó 64 toneladas de droga. En 2022 las autoridades se habían incautado de más de 200 toneladas, la mayoría de cocaína.
Para combatir a las bandas criminales, Lasso ha decretado sendos estados de excepción e incluso dio luz verde a la población para la tenencia y porte de armas para defensa personal.
Además, el 26 de abril, nombró a Paco Moncayo como consejero de seguridad y a Wagner Bravo como secretario de Seguridad Pública, dos exmilitares con cuyos nombramientos apostó a mejorar los resultados en el área.
Juicio político
La autorización para que los militares actúen contra el terrorismo se dio en un momento en que la Asamblea Nacional (Parlamento) tramita un juicio político de censura contra el presidente Lasso, acusado por la oposición de un supuesto delito de peculado (malversación) en una empresa pública.
Más alla de los argumentos jurídicos presentados el oficialismo y la oposición en el Parlamento, la suerte de Lasso estará en los votos.
Se necesitan 92 votos para destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios del Legislativo.
Por un lado, la oposición, donde están el correísmo, el movimiento indigenista de Pachakutik, Izquierda Democrática y el derechista Partido Social Cristiano (PSC), otrora aliado electoral de Lasso, mantienen su confianza en reunir los votos para la censura, mientras el Gobierno cree que puede salvar el jaque al presidente.