El gobierno de Ecuador perderá unos 1.200 millones de dólares al año de triunfar el Sí en una consulta popular para decidir si se suspende la explotación de petróleo dentro de un parque amazónico, dijo el miércoles el ministro de Energía, Fernando Santos.
La Corte Constitucional dio el martes luz verde a la consulta planteada hace diez años por ambientalistas para mantener “indefinidamente bajo el subsuelo” el crudo del bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocido como 43.
Ese bloque, localizado en la reserva amazónica del Yasuní (este), produce unos 55.000 barriles por día.
“Son como 20 millones de barriles al año” de producción en el ITT, manifestó Santos en declaraciones divulgadas por el canal Ecuavisa.
“A 60 dólares (por barril), hablamos de 1.200 millones de dólares (anuales) menos de ingresos en un país que tiene enormes necesidades”, agregó.
El crudo es de las principales fuentes de financiamiento de la dolarizada economía de Ecuador, que extrajo en promedio 469.000 barriles por día en enero y febrero pasados. Un 64% se destinó a la exportación, colocándose a 64 dólares por barril.
Tras la aprobación de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar la consulta en 15 días y celebrarla en dos meses. Su resultado será ley una vez que se publique en el Registro (Diario) Oficial.
Habrá una campaña “por la defensa de la vida, la defensa del Yasuní”, expresó a la prensa la ambientalista Esperanza Martínez, que forma parte de la agrupación Yasunidos que propuso la consulta en 2013, antes de que el ITT empiece a ser explotado.
El gobierno del presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) promovía evitar la extracción en ese bloque a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares, pero su iniciativa fracasó e inició la extracción en 2016.
El Yasuní, de casi un millón de hectáreas, fue declarado reserva mundial de la biósfera en 1989 y alberga a pueblos indígenas nómadas, incluidas dos tribus en aislamiento voluntario identificadas.
Además del ITT, ubicado en la provincia de Orellana y donde se estima que hay unos 1.000 millones de barriles de crudo, en ese parque amazónico hay otros campos petroleros en producción.
La Corte estableció que en caso de ganar el Sí, será necesario otorgar hasta un año de plazo para su ejecución, tiempo durante el cual habrá un retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera en el ITT.
El Estado tampoco podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del mismo bloque.