Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, explicó la razón por la que el Consejo de Seguridad Pública y de Estado (Cosepe) no declaró a los grupos delincuenciales como terroristas.
El 27 de abril, el Cosepe declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral. Aunque el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, mencionó días atrás que la idea era declarar como terroristas a los grupos delincuenciales.
Moncayo dijo, en Teleamazonas este martes 2 de mayo, que la propuesta de definir como terroristas a dichos grupos estaba en el orden del día de la sesión del Cosepe. En Ecuador operan diversas organizaciones delictivas.
El Consejero explicó que “son grupos que tienen una alta movilidad, una alta capacidad de reciclaje, entonces cambian de nombre”. Si se les declaraba como grupos terroristas resultaba “menos eficiente”.
En cambio, declarar como terrorismo la actividad que realiza una persona o un grupo es más fácil para aplicar la norma sin especificar. Si aparece otro grupo delincuencial se tenía que declararlo, nuevamente, como terrorista, según Moncayo.
La declaratoria del terrorismo como amenaza “cubre todo, amplía opciones nuevas y reconoce que estos grupos mutan, cambian, son flexibles y la norma podía ser burlada”, argumentó.
Lineamientos de acción y decreto
El Cosepe también decidió recomendar al Presidente de la República expedir un Decreto Ejecutivo que establezca medidas coercitivas, urgentes y eficaces, que incluyan el empleo de armas letales para combatir el terrorismo.
Moncayo aclaró que eso no significa que las operaciones a ejecutar por la fuerza pública sean concebidas en el decreto. Dijo que se trata de un documento aparte, con lineamientos sobre política y acciones estratégicas, que debe ser puesto en vigencia a través del decreto.
Ese documento “lo están preparando con mucha dedicación en la Secretaría de Seguridad y el decreto lo que debe decir es: Póngase en vigencia”, señaló.
En otras palabras, el decreto debe aprobar un procedimiento. Al momento, la Secretaría elabora ese procedimiento para un trabajo mancomunado entre las Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, jueces y demás elementos con el fin de evitar problemas de descoordinación, resumió.
Hasta las 11:00 de este 2 de mayo el Gobierno aún no emitía el correspondiente decreto.
Uso de armamento letal
Las acciones criminales no solo afectan al orden público, cuyo control corresponde a la Policía, sino que afecta a la soberanía del país, indicó el funcionario.
“Cuando el crimen organizado amenaza a los factores esenciales del Estado, a su soberanía, es un tema que las Fuerzas Armadas tienen que enfrentar. No necesitan cambios de ley porque la Constitución dice que es misión de las Fuerzas Armadas defender la soberanía”, reiteró.
Si la amenaza es de tipo militar, las Fuerzas Armadas tienen que aplicar reglas de enfrentamiento, implica el empleo de armas letales. “Las reglas de enfrentamiento no son para violar los derechos humanos ni para salirse de la norma legal, es para que la respuesta sea conforme a la amenaza”, puntualizó.
“Se acabó hacer lo que les da la gana en este país, hay que poner orden”, reiteró al cuestionar que si la actuación de los jueces no funciona, el sistema se desarma.
Por otro lado, Moncayo conoce que el Gobierno compró fusiles de última generación, que tienen un sistema de tiro sofisticado. Estas armas servirán en áreas de gran complejidad, donde se produzcan eventos de combate urbano.