La Corte Constitucional realizó el sorteo del juez ponente para el dictamen de admisibilidad correspondiente a la solicitud del juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por supuesta concusión y peculado. La causa recayó en Teresa Nuques Martínez, una de las nueve integrantes del organismo.
El procedimiento se dio de manera pública este viernes 24 de marzo, a las 18:30, y tomó quince minutos. Esto, dos horas después de que la Asamblea admitió a trámite la solicitud impulsada por la oposición legislativa liderada por el correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y asambleístas independientes.
A esta sesión fueron convocados representantes de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República y medios de comunicación. En representación de Carondelet acudió el secretario Jurídico, Juan Pablo Ruiz, y Christian Proaño, del equipo jurídico del Parlamento.
Para el sorteo, cada uno de los nueve jueces escribieron sus nombres en un papel y fue ingresado a una pecera, al final el presidente de la Corte, Alí Lozada, sin mirar el instrumento, sacó uno donde contenía el nombre de Teresa Nuques.
“Aunque ella es la ponente de esta causa, debe saber la ciudadanía que la decisión finalmente va a corresponder al Pleno de la Corte. La jueza Nuques, como es habitual en nuestro funcionamiento colegiado, presentará una ponencia para que lo conozcamos los demás miembros de la Corte, pero finalmente será la Corte, los nueve jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso”, dijo Lozada.
¿Quién es la jueza Teresa Nuques?
Es doctora por la Universidad de Coruña, España y por la Universidad Católica de Guayaquil. Es magíster en Arbitraje y Mediación, en Derecho Administrativo; y en Justicia Constitucional. Especialidades en: procedimientos constitucionales, sistemas jurídicos de protección a los Derechos Humanos; especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca; Tributación Internacional por la Universidad de Castilla La Mancha. Diplomados superiores en derechos fundamentales y Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante.
El presidente del máximo órgano de control constitucional agregó que “Ecuador debe estar absolutamente seguro de que la decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente apegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional”.
“En ese sentido quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones, con absoluto respeto a la institucionalidad de la Corte, y por lo demás tengan la seguridad de que nosotros resolveremos conforme al procedimiento y los tiempos establecidos en la ley”, finalizó Lozada.
Las etapas
El procedimiento, que está previsto en el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es el siguiente:
- Una vez recibida la solicitud de la Asamblea, la Corte designará al ponente. Esto se dará en un sorteo con la presencia de todos los jueces que hacen quórum.
- El juez ponente tiene tres días para presentar el proyecto de dictamen.
- En el proyecto deberá constar: si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación.
- jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución.
- El Presidente de la Corte deberá convocar al Pleno dentro de las 24 horas siguientes, tras recibir el proyecto.
- Los jueces del organismo tendrán que emitir su dictamen definitivo 48 horas después de entregado el proyecto.
- Para aprobar la resolución se requiere de los votos favorables de al menos seis de los nueve jueces (dos tercios del Pleno).
- Si es favorable regresará a la Asamblea. Caso contrario se archivará.
¿Qué debe resolver la Corte?
El pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso pasó a la Corte Constitucional, una vez que fue calificado a trámite por el Consejo de Administración de la Asamblea.
A la Corte le corresponderá emitir un dictamen de admisibilidad, del que dependerá si esta causa avanza hasta una posible censura y destitución del Mandatario o se archiva.
De acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, la Corte tiene un plazo de seis días para pronunciarse una vez recibida la solicitud.
En el artículo 148 esta norma especifica el procedimiento y los plazos previstos para el dictamen para iniciar el juicio político contra el Presidente de la República.
Luego, el artículo 153 dispone que la Corte no tiene competencia para decir si están probadas las infracciones ni puede señalar la responsabilidad del Presidente.