La oposición activó este jueves el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, al que acusan de presuntamente proteger a personas cercanas a él y al oficialismo en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas.
La solicitud de juicio político de censura fue presentada en el Parlamento tras reunir 59 firmas de legisladores del correísmo, Partido Social Cristiano, antiguo aliado electoral de Lasso, y de algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y de Izquierda Democrática.
La acusación contra Lasso se basa en los presuntos delitos concusión y peculado, lo que previamente deberá ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada y que la Asamblea pueda seguir adelante con el proceso.
Al presentar el pedido de juicio político, la asambleísta correísta Viviana Veloz aseguró que más legisladores se adherirán a la solicitud en los próximos días y afirmó contar con los 92 votos necesarios para censurar al jefe de Estado, equivalentes a dos terceras partes de la cámara.
#Ahora | La asambleísta @VivianaVeloz18 presenta la solicitud de enjuiciamiento político en contra del presidente de la República, @LassoGuillermo, argumentando lo previsto en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. pic.twitter.com/i8CFAmyxdh
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 16, 2023
El pedido para censurar al jefe de Estado se acoge al artículo 192.2 de la Constitución, que establece que se podrá abrir un juicio político al presidente por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
“Hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecua al 192.2: delitos por concusión y peculado en las empresas públicas Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco)”, dijo Veloz.
Veloz es además la presidenta de la comisión parlamentaria que investigó el caso llamado “Encuentro” o “Gran Padrino”, y cuyo informe, donde se recomendaba iniciar un juicio político a Lasso, fue aprobado por el pleno de la Asamblea con 104 votos a favor, cuando apenas requería 70.
El caso saltó a la luz con unos audios difundidos por un medio digital que apuntaban a una presunta trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente.
En esos audios también figuraba otro empresario, Rubén Cherres, un personaje cercano al oficialismo del que se reveló después que había sido objeto en 2021 de una investigación policial por supuestos nexos con una red de narcotráfico.
El informe de esa investigación fue archivado y la oposición acusa a Lasso de tener conocimiento de él y de ordenar su cierre, algo que el mandatario ha negado rotundamente, a igual que su implicación en cualquier entramado de corrupción.
Horas después del anuncio, el Gobierno emitió un comunicado en el que rechazaba enérgicamente “las intenciones desestabilizadoras de la Asamblea”.
COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional rechaza categóricamente las intenciones desestabilizadores de la Asamblea. pic.twitter.com/YK3m90IgFf
— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 17, 2023