El Tribunal, conformado por los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho, declaró nula la sentencia por peculado, que pesa sobre el exvicepresidente Jorge Glas y seis personas más, en el caso Singue.
Esta decisión se adoptó, la mañana de este jueves 10 de noviembre de 2022, durante una audiencia de apelación en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
Los jueces declararon nula, es decir dejaron sin efecto la tercera sentencia penal, de ocho años, que pesaba en contra de Glas. La decisión de los magistrados fue unánime.
El exfuncionario del gobierno de Rafael Correa tiene otras dos condenas.
La primera es de seis años por asociación ilícita y la otra es de ocho años por cohecho.
Durante la diligencia, los jueces nacionales ordenaron que todo el proceso penal sea declarado nulo desde el momento en que Fiscalía solicitó la formulación de cargos de los procesados.
No solo Glas se beneficia con este fallo judicial, sino también los otros seis procesados entre ellos el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli y el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.
La justificación de los jueces
Según el Tribunal, en este caso se violó el debido trámite procesal establecido en el Código Penal y en otras normativas.
Por lo tanto se habría trasgredido el debido proceso y el derecho a la defensa de los sentenciados.
También se declaró nulo el informe de Contraloría, que fue la base para la acusación por el supuesto delito de peculado impulsada por la Fiscalía. Este hecho fue confirmado por la defensa del exministro Pástor.
Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional.
La sentencia del caso Singue
El 25 de enero del 2021, otro Tribunal decidió que Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor y uno más sean sentenciados como coautores del delito de peculado. Los jueces les impusieron ocho años de cárcel.
Mientras que otros tres implicados en esta causa fueron sentenciados como cómplices y les impusieron una pena de cuatro años de cárcel.
Según las investigaciones de Fiscalía, las siete personas participaron de una presunta adjudicación irregular de un campo petrolero en Sucumbíos. La entidad aseguró que esto ocasionó un perjuicio para el Estado.