Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), dio a conocer sobre la estrategia que usarán para lograr el control total de la Penitenciaría del Litoral, tras los últimos hechos que se registraron.
El objetivo es ejecutar una estrategia de “efecto cascada” con controles de protocolos y procedimientos, utilizando tecnología integral. Así lo afirmó Rodríguez en una entrevista con Ecuavisa el viernes 11 de noviembre de 2022.
La noche del 10 de noviembre mantuvo una reunión con el presidente Guillermo Lasso. Allí se abordaron las propuestas para actuar en la Penitenciaría del Litoral y en todo el complejo penitenciario.
El director del SNAI espera retomar el control total de la Penitenciaría en un corto tiempo, tras ejecutar la primera fase en la que se ejecutaron traslados para reducir el hacinamiento, que era del 36%. Su capacidad es para 5 000 internos, aproximadamente, y habían alrededor de 7 000. Se trasladaron más de 1 500. En la segunda fase se hizo una rotación interna para requisar armas.
El SNAI tiene un presupuesto asignado de USD 125 millones para invertir en el sistema penitenciario.
Reunión con directores de cárceles
El Director del SNAI informó que también se reunió con el personal administrativo de las cárceles, algunos no ingresaban a realizar su gestión por recelo a los enfrentamientos. Se acondicionó protocolos, procedimientos con personal policial para que exista un doble control. “Con el fortalecimiento de la capacidad operativa de los agentes penitenciarios vamos a tener un orden focalizado”, mencionó.
Reconoció que el SNAI no tiene el control en todas las celdas en la Penitenciaría del Litoral porque recién se está interviniendo. Pero hay Centros donde el control es hasta el cierre de las celdas, “que es el deber ser para una rehabilitación social”, en Cañar, Morona Santiago, Guayas N.3, Pichincha N.3, ejemplificó.
Falta de capacidades institucionales
“En este Gobierno se vieron esfuerzos, sobre la base de un diagnóstico, de buscar una estructura y una institucionalidad. En el antecesor no existía un estatutos orgánico o procesos que puedan tener una dirección de riesgos, de análisis de datos, de información para la toma de decisiones. Es decir, una estructura orgánica que permita gestionar desde la institucionalidad el sistema de rehabilitación social del país”, refirió Rodríguez.
Otro aspecto fundamental, para el funcionario, es fortalecer las capacidades y en ese sentido se ha trazado una hoja de ruta con acciones para obtener el control, que sea sistemático y contundente. Parte de la primera fase es lo que se realiza en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) N1 de Guayaquil (Penitenciaría del Litoral).
Ahora ya se visualizan las capacidades institucionales, señaló el funcionario, por ejemplo: avances en la adquisición de sistemas tecnológicos, incremento de personal con 1 379 agentes de seguridad penitenciaria, para regular el control al interior de las cárceles y, por primera vez, hay 100 supervisores que darán un tratamiento especial a los adolescentes infractores.
Destacó la importancia de articular acciones interinstitucionales para generar una cultura de prevención y anticipación para tener resultados. Allí entra el fortalecimiento de capacidades con tres componentes en cuanto a seguridad penitenciaria, puntualizó: seguridad física, procedimental y dinámica. Hay voluntad política para ese trabajo, la calidad moral y ejemplo para exigir que los agentes penitenciarios no caigan en la corrupción para favorecer a grupos criminales, aseguró.