En un acto formal, el Gobierno y las organizaciones indígenas clausuraron ayer el proceso de diálogo establecido para 90 días. Fue producto del acuerdo de paz firmado el 30 de junio y que frenó las movilizaciones.
“Hemos podido llegar al final. Son 218 acuerdos firmados entre las partes y entregados para beneficio de todo un país”, destacó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, durante la clausura efectuada en la Universidad Católica.
Iza cuestionó que los temas centrales de las mesas de la Banca, control de precios, minería y combustibles no están avanzando.
“Mucho va a depender de la metodología de implementación, cuánto se puede efectivizar”, advirtió Iza. “Mientras haya necesidad, vamos a seguir luchando. No es ninguna amenaza”, concluyó Gary Espinoza, de la Fenocin.
Para el analista político Rodrigo Jordán, la actitud de los líderes indígenas, en especial de Iza, denota una frágil paz social de parte de las organizaciones frente al Gobierno. Esto pone a las autoridades en una situación de tensión y no es una buena señal.
El analista político Maximiliano Donoso-Muller cree que el proceso fue positivo, por la cantidad de acuerdos. Hay desconfianza de lado y lado, porque los acuerdos son mutuos, pero Iza va a seguir amenazando porque ese es su modus operandi, explicó.
“Hay que darles seguimiento a los acuerdos, pero la Conaie debe aprender a ceder, una nueva movilización preocupa; porque ya tenemos inseguridad”, expresó.
Desarrollo de mesas
El 13 de julio arrancó el plazo. Las dos primeras mesas en abrir fueron Focalización de subsidios a los combustibles y Banca pública y privada. Esta fue la primera en cerrar con seis acuerdos, el 18 de julio de 2022.
Consta la condonación de créditos vencidos hasta el 31 de mayo de 2022 por hasta USD 3 000 en BanEcuador. También se estableció cumplir con una disposición de la Ley para el Desarrollo Económico, de condonar deudas por hasta USD 10 000. Según los dirigentes, esto todavía no se ejecuta.
El 9 de septiembre cerraron tres mesas: en Fomento productivo, el Gobierno no accedió a quitar algunos productos del sector agrícola de los tratados de libre comercio.
En Control de precios, el Gobierno no controlará precios de productos industrializados; y en Energía, no se derogará el Decreto 151 sobre política minera.
El 30 de septiembre cerró la mesa de Seguridad. El 4 de octubre, la de Derechos colectivos. El 13 se firmó el acta final de otras tres mesas: Focalización, Acceso a la salud y Educación superior.
La focalización, calificada por los dirigentes como principal motivo de las protestas y uno de los temas más álgidos, cerró el 13 de octubre sin ningún acuerdo.
El 15 de julio de 2022 las partes reconocieron que alcanzaron cuatro criterios: el subsidio es necesario y que se debe trabajar en una focalización eficiente; aplicar principios de subsidiariedad y solidaridad.
Además, los ahorros por la eficiencia de la focalización y el control del contrabando deben enfocarse en programas sociales en la ruralidad; y que ambas partes levantarán registros necesarios con mecanismos tecnológicos.
Además, el 17 de julio de 2022 la mesa ratificó mantener el subsidio generalizado, según el Decreto Ejecutivo 467. Y debido a las dificultades en avanzar, se creó una comisión técnica que tuvo 12 reuniones. Allí hubo otras coincidencias, como el subsidio para las actividades de pesca artesanal o la eliminación de este beneficio para vehículos no matriculados.
Sin embargo, el máximo desencuentro fue que las organizaciones pedían que se fijaran precios diferenciados de los combustibles para los sectores atunero, camaronero y otras industrias. El Gobierno dijo que esos subsidios deben ser revisados, pero con los involucrados, para conocer su realidad.
Se determinará un nuevo espacio y se ratifica que el Gobierno sigue abierto al diálogo. “El todo o nada de ayer (13 de octubre) no era la manera. Las organizaciones han rectificado”, destacó el ministro de Transporte, Darío Herrera, al finalizar la sesión a las 16:00.
No reveló detalles, pero refirió que los acuerdos versan sobre los criterios de elegibilidad, “en beneficio de los más vulnerables del país”. Lo que queda fuera como tema no tratado es el de los sectores productivos. Iza dijo que “no hay mayores avances, hay que seguir construyendo”.