Un grupo de organizaciones de derechos humanos han solicitado al Gobierno de Argentina que conceda el asilo político a María de los Ángeles Duarte, exministra Transporte y Obras Públicas de Ecuador durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017) quien mantiene una condena vigente por cohecho dentro del llamado caso “Sobornos”, un esquema de financiación ilegal del movimiento Alianza PAIS ocurrido entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 por parte de varias multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
Por el mismo caso Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica, fue también condenado a 8 años de prisión, y numerosos ex funcionarios de su gobierno (incluyendo al ex vicepresidente Jorge Glass) y empresarios fueron hallados también culpables de cohecho y de formar parte de una “estructura delictiva” que pidió sobornos por casi $7,6 millones a empresas a cambio de contratos con el Estado, según la Fiscalía.
Así lo informó este lunes en un comunicado el estudio de abogados belga Ius Cogens que lleva la defensa.
Duarte lleva más de año y medio junto a su hijo de 11 años refugiada en la Embajada de Argentina en Quito, en calidad de “huésped por razones humanitarias”.
Entre las organizaciones que han cursado esta solicitud al Gobierno argentino están el Foro Noruego para la Democracia y los Derechos en Ecuador (NOFEC), el Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (CEDE), de España; y la alemana Sociedad por los Derechos Humanos Amnistía e Igualdad de Oportunidades (GRACIA).
Estas organizaciones han mostrado su “profunda preocupación por la delicada situación de la asilada y de su hijo menor, cuyo padre es argentino, y piden de manera urgente al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se les conceda el asilo dadas las condiciones médicas del niño y de su madre”, según el comunicado.
Duarte se encuentra en la Embajada de Argentina en Ecuador desde el 13 de agosto de 2020, y desde entonces el Gobierno de Ecuador ha trasladado a sus pares argentinos su preocupación, así como la información de la situación jurídica que afronta.
Hasta ahora, pese a la condena vigente, la Procuraduría solo ha podido embargarle a la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, un carro de 1995. Su valor comercial no supera los $ 7 000. Una suma baja para cubrir su parte del perjuicio al Estado, que está en $ 14,7 millones.