Trabajadores que levantaban información técnica para taponar las bocas de minas en el subsuelo de Zaruma, en El Oro, habrían sido retenidos en las galerías bajo la ciudad este martes 4 de enero del 2022, a pesar de los operativos de Fuerzas Armadas en la zona.
El hecho se registró bajo el área donde se produjo un socavón el pasado 15 de diciembre, que causó la destrucción de cuatro viviendas y la evacuación de 96 familias.
Según información extraoficial dos trabajadores del área de ingeniería y un militar fueron retenidos luego de que se internaran a las 7:00 en las ramificaciones de galerías y túneles que usan la minería ilegal para extraer material rocoso rico en oro.
Desde el interior de la mina los trabajadores informaron que fueron interceptados por un grupo de sableros o mineros ilegales bajo el subsuelo de la ciudad, indicó Carlos Valdiviezo, ingeniero del departamento de Obras Públicas del Municipio de Zaruma.
“Según lo que nos comentan de forma extraoficial al menos dos personas fueron secuestradas”, agregó el funcionario en declaraciones al portal Altiplano TV. El reporte de presunto secuestro se registró pasadas las 10:30.
Las Fuerzas Armadas activaron un operativo con tres equipos y trabajan en la constatación del supuesto secuestro, en busca de confirmar el número de personas involucradas.
Zaruma fue declarada en estado de excepción por 90 días tras el socavón, con lo que toda la zona fue militarizada. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene prevista una visita de constatación de los ofrecimientos de remediación para fines de esta semana.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene a cargo los trabajos de contención y remediación del socavón y el taponamiento de las bocas de minas es un paso previo al relleno hidráulico con el que se prevé inyectar concreto en algunos de los túneles y galerías bajo la ciudad.
En el hundimiento también se prevé apuntalar con estructuras metálicas para evitar que se siga fisurando y agrandando.
En el cantón se realizó este martes 4 de enero una mesa temática de delitos contra los recursos naturales no renovables en la que participaron autoridades civiles y militares para evaluar las acciones ejecutadas durante el estado de excepción, ante el hundimiento.