El regreso a clases presenciales en Guayaquil ha sido polémico tras las distintas posiciones de las autoridades y es que ayer lunes se registraron dos escenarios, en el primero la ministra de Educación, María Brown llegó a una entidad estudiantil de la ciudad para presenciar el reinicio a clases y a la par funcionarios del municipio de Guayaquil, llegaron para sancionar al plantel por incumplir con la disposición local.
Es que luego del anuncio emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, el sábado 22 de enero de 2022, que dio luz verde al regreso a clases presenciales voluntarias con división de grupos; la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por su parte, reiteró que “no habrá clases presenciales en lo que queda de este año lectivo hasta que estén vacunados”.
En este caso ¿tiene los municipios competencias para prohibir el regreso a clases?
Al respecto varios especialistas en el asunto fueron consultados por un medio televisivo del Ecuador.
Ismael Quintana, constitucionalista dice que la problemática se centra en que la competencia de educación la tiene el Gobierno central, “el problema es que el COE Nacional ha dictado la resolución sobre el retorno voluntario a clases presenciales y no el Ministerio de Educación, como sabemos (el COE Nacional) es un órgano inexistente jurídicamente, no está creado en la Constitución, por lo tanto, no tiene posibilidad de ejercer competencias”.
En la misma línea, el jurista Rafael Oyarte, refuerza la idea, “el COE no tiene competencia de nada, se generó para efecto de la pandemia, pero no tiene base constitucional para existir”.
Entonces, frente a este escenario, dice Quintana, “prima la resolución del COE Cantonal, es decir, del municipio de Guayaquil porque sí está ejerciendo una facultad constitucional directa que es el uso y la regulación del buen uso del espacio público dentro del cantón, versus el inexistente valor jurídico que tiene la resolución del COE Nacional”.
Sin embargo, Oyarte manifiesta que aquello no basta para que el municipio pueda restringir la apertura o no de escuelas, “lo cierto es que tiene una competencia respecto a bares o restaurantes porque les da el permiso de funcionamiento, pero eso es muy distinto a que puedan regular la actividad educativa”.
Otro hubiese sido el escenario o, al menos, la contradicción entre las autoridades no hubiese tenido lugar, explica Quintana, si “la ministra de Educación expidiera un acuerdo ministerial que disponga el retorno de clases presenciales de modo voluntario”. Oyarte concuerda con ello, y añade que podía haber sido resuelto a través de un estado de excepción, pero la Corte Constitucional dispuso que para no requerir esta medida se tramite una Ley para la Gestión de la Pandemia que, actualmente se debate en la Asamblea Nacional.
Para el jurista fue una “pésima decisión de la Corte”, pues aún no hay Ley, “es un desorden absoluto donde cada uno hace sin importar sus facultades y al final el único que está en medio es el ciudadano”, concluye.
Posturas de las autoridades
¿Existen ganadores y perdedores en este escenario?
No, todos perdemos. En especial, nuestras niñas, niños y adolescente.
Día a día trabajamos para garantizar su derecho al acceso a la educación.#DíaInternacionalDeLaEducación#VolvamosAlCole pic.twitter.com/B0WyYUJyLZ
— María Brown Pérez (@mariabrownp) January 24, 2022
Por su parte, en declaraciones a OromarTv el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, se refirió sobre la decisión de Viteri, y señaló: “no está facultada la señora alcaldesa, entendemos sus preocupaciones que tiene (…) pero recordar que la Constitución es muy clara la competencia en materia de servicio educativo, en la prestación del servicio educativo y en el diseño de las políticas públicas educativas le corresponde a la autoridad educativa nacional que es el Ministerio de Educación”.
Desde el otro lado de las posturas, Viteri preguntó: “¿qué ganamos con tres semanas de clases?”, pues dijo que el año escolar en la Costa está por terminar. Además, entre los argumentos para la decisión, destacó que en la ciudad existen 10 niños en UCI por covid y 40 niños hospitalizados por la misma causa.
Hasta el momento el municipio de Guayaquil clausuró tres establecimientos por incumplir la disposición anunciada, la multa será de siete salarios básicos $2.975 dólares y serán clausurados por 30 días.