Las cifras de la Proforma 2022 reflejan importantes necesidades de financiamiento para el próximo año y proyectan estimaciones de crecimiento de la economía por debajo de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cuatro aspectos llaman la atención del documento entregado la noche del sábado pasado a la Asamblea.
En este grupo están las proyecciones de crecimiento, el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento y las expectativas sobre la producción petrolera para el próximo año, una de la principales fuentes de ingresos del Estado.
El monto total de la proforma 2022 llega a $33 899,73 millones. Es decir, $2 438 millones adicionales al presupuesto de 2021 o un incremento aproximado del 7,8%.
El documento comprende también una serie de supuestos macroeconómicos para que el presupuesto del Estado funcione el próximo año.
Uno de los más importantes es el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o crecimiento de la economía del 2,85% para 2022.
Esta cifra es más conservadora en comparación con la última proyección del FMI, que hace dos semanas estimó el crecimiento de la economía ecuatoriana en el orden del 3,5% para el próximo año.
Nigel Chalk, director interino del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, sostuvo esta proyección en base a dos factores: el avance del proceso de vacunación y el incremento del precio del petróleo a escala global.
Justamente, las estimaciones de producción de petróleo para 2022 llaman la atención. De acuerdo con la proforma, se espera que el país extraiga 179,8 millones de barriles el próximo año, lo que se traduce en una producción diaria de unos 492 800 barriles.
Esta meta está por debajo de las aspiraciones difundidas por las autoridades hidrocarburíferas, que consideran que el próximo año estarían por sobre los 526 000 barriles al día.
Respecto del tema de los ingresos petroleros, el director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, sostiene que están sobreestimados en al menos $900 millones.
Menciona esto al considerar las cifras de exportación de la proforma por 123 millones de barriles a $59,2 por barril. Esos valores, menos los costos de producción y las tarifas que hay que pagar a petroleras privadas, generarían ingresos por debajo del monto proyectado en la proforma.
“Solo se podrían cumplir esas cifras de ingresos petroleros si el precio internacional es mayor al estimado. Pero eso es incierto”, indica Carrera.
Otro aspecto que le llama la atención al analista son las necesidades de financiamiento por $9 768 millones.
La proforma 2022 contempla colocaciones internas por $4 726 millones. Es decir, colocación interna de bonos que son muy poco viables.
Igual de inviables serían las colocaciones de bonos externas por $1 200 millones que también contempla el documento. Esto, sobre todo por el riesgo país que tiene Ecuador, asegura Carrera.
Otro ingreso poco realista, según el analista, es la venta de activos no financieros por $940 millones, donde estarían la Central Hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico.
Sin embargo, el Gobierno ha indicado que ya habría interesados en la entidad.
Finalmente, Carrera destaca que la masa salarial del Estado contemplada en la proforma es aún un peso muy grande, al igual que el déficit fiscal (ver infografía), lo cual no le permitirá al país cumplir con el compromiso de reducir los gastos, según lo acordado con el FMI.
La proforma 2022 no contempla tampoco los ingresos adicionales de la reforma tributaria entregada la semana pasada a la Asamblea.
El tema se da por la normativa legal que impide al Gobierno central calcular una proforma presupuestaria con leyes que aún no están vigentes.
El trámite de la proforma en el legislativo es similar al que se da con un proyecto de ley económico urgente.
Libia Rivas, exsecretaria de la Asamblea y presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, explica que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tiene que poner el documento en conocimiento del Consejo de Administración Legislativo, y este debe remitirlo a una comisión que generalmente es la Comisión de Régimen Económico.
Esta comisión tiene un plazo de 10 días para hacer el informe y enviarlo a debatir en el pleno. La Asamblea tiene dos opciones: puede aprobar la proforma o la puede observar.
La Asamblea tiene un plazo de 30 días para analizar la proforma y aprobarla o presentar observaciones, con una mayoría absoluta de 70 votos.
En caso de presentar observaciones, el Presidente las puede acoger o no. Si las acoge, modifica el presupuesto y si no se ratifica en el primer documento. Para tomar esta decisión, tiene un plazo de 10 días.
Si el Presidente se ratifica en el primer documento, la Asamblea también tiene opción de hacerlo con su propuesta, para ello necesita los votos de 92 de los 137 asambleístas.