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Caso Sobornos: las cuentas de Correa y otros 16 sentenciados, embargadas

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Las cuentas bancarias de 17 de 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos fueron embargadas por la Procuraduría General del Estado. Así lo informó esa entidad este 12 de noviembre del 2021.

Esta disposición la dio el miércoles 10 de noviembre del 2021 el Tribunal de Ejecución de la sentencia conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas.

La idea es que el dinero de las cuentas de los sentenciados se transfiera a la cuenta de la Judicatura. Posteriormente deberán ser remitidos a la cuenta del Tesoro Nacional.

El 7 de junio del 2021, la Procuraduría pidió a estos magistrados que se embarguen las cuentas de los condenados que no han pagado voluntariamente la reparación integral al Estado ecuatoriano.

En esa lista está, el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez, Laura Terán, Viviana Bonilla y Christian Viteri, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Pedro Verduga y Mateo Choi.

Cuando estas personas fueron sentenciadas por cohecho, un Tribunal dispuso un pago total de $14,7 millones. Los autores y coautores del delito debían pagar $778 224 y los cómplices $368 632.

Solo los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Fontana y Teodoro Calle pagaron el monto de la reparación. Para ellos no aplica esta nueva disposición judicial.

Además, la Procuraduría solicitará al mismo Tribunal de Ejecución que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de los 17 condenados.

“Para impulsar estos procesos, en agosto del 2020, la Procuraduría conformó la Unidad de Recuperación de Activos cuyo objetivo es ejercer el patrocinio de Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en los casos penales por corrupción que involucran a exservidores públicos”, indicó esa entidad.

Las 20 personas fueron sentenciadas por formar parte de una estructura delictiva que pedía sobornos a contratistas del Estado a cambio de pagos ilegales para financiar las campañas de Alianza País.

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