La oposición chilena ha presentado este miércoles 13 de octubre una acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, por la venta de Minera Dominga, una transacción incluida en los Pandora Papers que ha motivado a la Fiscalía a abrir una investigación por posibles delitos de cohecho y soborno.
El escrito está formado por dos partes, una en la que se acusa al mandatario de incurrir en faltas graves a la probidad y la otra que defiende que las acciones de Piñera pusieron en tela de juicio del honor del país.
Los diputados ya habían anunciado la decisión de presentar la acusación, aunque todavía no se había determinado si presentarla hoy o esperar algunos días más. Finalmente, los jefes de la bancada de la oposición se han reunido en el Congreso y han firmado la acusación este miércoles.
El texto será leído ahora en el pleno de la cámara para “sortear los integrantes de la comisión” -un total de cinco diputados- que se encargará de revisar el escrito, ha indicado el diputado comunista Daniel Núñez que ha agregado que espera que “esté representada la oposición y que se vote antes del 21 de septiembre”, fecha en la que están convocadas las elecciones presidenciales de las que saldrá el sustituto de Piñera en La Moneda.
La publicación de los Pandora Papers, fruto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha provocado revuelo en el país por la revelación de que el presidente podría estar implicado en posibles infracciones fiscales.
Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.
La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por $152 millones en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.